El Gobierno nacional oficializó el regreso de Cielo Rusinque a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante el decreto 0361 del 4 de abril de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro. La decisión se produce luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento anterior tras un proceso judicial que se extendió por más de dos años.
El decreto establece el “nombramiento con carácter ordinario” de Rusinque Urrego en el empleo de Superintendente. El documento precisa que la funcionaria queda vinculada nuevamente a la dirección de la SIC tras haber salido del cargo el 26 de marzo de 2026, cuando el Gobierno aceptó su renuncia en cumplimiento del fallo judicial.
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En el mismo acto administrativo, el Ejecutivo dispuso la terminación del encargo que había sido asignado a otro funcionario. Señala que “a partir de la fecha del presente decreto” se da por terminado el encargo efectuado que había designado a Diego Andrés Solano Osorio como superintendente encargado.
El documento establece que la norma rige a partir de la fecha de su expedición.Este está fechado el 1 de abril de 2026 y fue publicado oficialmente el 4 de abril.
La nueva designación ocurre en medio de la controversia jurídica y política, pues la decisión del Consejo de Estado que anuló el nombramiento anterior de Rusinque concluyó que la funcionaria no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
En particular, el alto tribunal determinó que no acreditaba los 10 años de experiencia en áreas específicas como protección al consumidor, libre competencia o propiedad intelectual, requeridos por la normativa vigente.
El fallo también cuestionó la afinidad de su formación académica con las funciones de la entidad. Según la decisión judicial, su maestría en estudios políticos no se ajustaba a los criterios exigidos para dirigir la Superintendencia. Este punto fue uno de los ejes del proceso que culminó con la nulidad del nombramiento.
Previo a la decisión definitiva del tribunal, el Gobierno había expedido un decreto el 5 de marzo de 2026 mediante el cual modificó los requisitos para ocupar la dirección de la SIC. Ese cambio normativo generó cuestionamientos desde distintos sectores, al considerar que podía incidir en la continuidad de Rusinque en el cargo. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado se produjo con posterioridad a esa modificación.
Tras la anulación, el Ejecutivo procedió a aceptar la renuncia de la funcionaria y a designar un encargo temporal mientras se definía la situación administrativa de la entidad. Con el decreto 0361 de 2026, el Gobierno opta por formalizar nuevamente su nombramiento en propiedad.
El presidente Petro ha defendido públicamente la trayectoria académica y profesional de Rusinque. En declaraciones previas, cuestionó los argumentos del Consejo de Estado sobre la idoneidad de su formación y sostuvo que el fallo afectaba el reconocimiento de títulos académicos. También ha respaldado las actuaciones de la SIC durante su gestión, en particular en materia de investigaciones a empresas.
Por su parte, Rusinque ha señalado que la decisión judicial tuvo implicaciones más allá del ámbito jurídico. En distintas intervenciones, ha indicado que las instituciones judiciales no deberían ser utilizadas con fines políticos, en referencia al proceso que derivó en la anulación de su nombramiento.
El proceso que derivó en la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque tuvo origen en una demanda de nulidad electoral presentada por el estudiante de derecho Samuel Alejandro Ortiz, que cuestionó desde el inicio el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo.
El litigio se extendió por más de dos años en la jurisdicción contencioso administrativa y culminó con una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que dejó sin efectos su designación inicial. Este tipo de acciones judiciales están contempladas en la legislación colombiana para controvertir nombramientos en altos cargos del Estado cuando se considera que no se ajustan a las condiciones establecidas por la ley.
Con la expedición del decreto 0361 de 2026, el Gobierno restablece a Rusinque en la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio, en medio de un escenario que continúa marcado por cuestionamientos sobre los requisitos del cargo y el alcance de las decisiones judiciales en la administración pública.
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