Carlos Caicedo y su proceso en contra de las investigaciones por presuntas irregularidades en suscripción de contratos en Magdalena

Carlos Caicedo, candidato presidencial en Colombia, atribuyó a un entramado de intereses políticos su extenso recorrido judicial, compuesto por más de setecientas denuncias y una privación de la libertad de cinco años, por casos de presunta irregularidad en la suscripción de contratos mientras estuvo al frente de la Gobernación del Magdalena.

Al detallar la dimensión de los procesos que ha enfrentado, resaltó que solo tras largos litigios la justicia reconoció su inocencia y una persecución sistemática en su contra.

Durante su entrevista con Infobae Colombia, Caicedo precisó que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría tramitaron más de cuatrocientas de esas denuncias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Refirió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concluyó que había sido sometido a “montajes judiciales, campañas de difamación por cerca de veinte años, incluyendo procesos hasta de crímenes que me quisieron endosar”.

Ante la pregunta sobre el impacto de estas investigaciones en su carrera, Caicedo sostuvo que nunca buscó venganza tras su detención: “Me privaron de la libertad injustamente cinco años, pero yo salí... con el objetivo de seguir sirviéndole a mi pueblo, seguir enfrentando a esas estructuras que le negaban la esperanza a la mayoría de la población”, afirmó.

Al resultar absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, retornó a la vida pública y fue electo alcalde de Santa Marta con “la votación más alta en toda su historia”, según sus declaraciones.

Según el exgobernador, el uso de los mecanismos judiciales con motivación política no solo lo ha afectado a él, sino que es una práctica extendida en varias regiones del país. Definió este fenómeno como “lawfare” y lo relacionó con sectores vinculados a “la vieja clase política tradicional mafiosa”, que habrían intentado apartarlo de sus cargos y frenar los procesos de transformación institucional bajo su mandato.

El candidato presidencial también aseguró que su largo historial judicial contó con más de setecientas denuncias ante órganos de control y una condena que lo llevó injustamente a prisión durante cinco años. Tras obtener la absolución en todas las instancias, denunció que fue víctima de un proceso sistemático de persecución ideado por viejas estructuras de poder.

Uno de los datos más relevantes en el relato de Caicedo, no solo por su especificidad sino por revelar una dinámica estructural, es su afirmación de que “no recuperan ni el cuatro por ciento de los cerca de cincuenta billones que se dice que se roban en la corrupción”. De acuerdo con sus palabras, los órganos de control priorizan la persecución política por encima del combate efectivo a la corrupción estructural.

A juicio del candidato, su caso es paradigmático: “Creo que he sido el funcionario público más investigado en toda la historia de Colombia a nivel regional”, dijo, y planteó que cada absolución representa una reivindicación de la memoria de las víctimas y la restauración de la verdad. Insistió además en que ha enfrentado todos estos procesos desde la transparencia y la decisión de someter su actuación al escrutinio judicial.

Caicedo denunció un trato desigual en la cobertura mediática de los procesos. Explicó: “Nunca he sido absuelto por los medios, que muy por el contrario, cuando se interponen las denuncias las convierten en noticia de primera plana. Pero cuando salen los fallos, mandan a la zona prácticamente de clasificado o de obituarios las absoluciones”. Con ello apuntó no solo a una tendencia en la investigación judicial, s también a la construcción pública de la reputación en periodos electorales.

El líder político concluyó defendiendo el papel de la justicia como escenario de rendición de cuentas, pese a sus deficiencias y demoras: la reiteración de absoluciones a su favor, sostuvo, evidencia no solo su inocencia personal, sino la necesidad de revisar el uso instrumental de los órganos de control como herramientas de disputa política en Colombia.