Los cabecillas de las Autodefensas Campesinas de Casanare fueron sentenciados por 15 asesinatos y dos desapariciones forzadas

La justicia de Colombia impuso condena de prisión a los principales líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare tras hallarlos responsables de homicidio agravado y desaparición forzada en el departamento de Casanare, delitos asociados a 15 asesinatos y dos desapariciones ocurridos entre 2003 y 2004.

Los cabecillas Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos; Nelson Orlando Buitrago Parada, alias Caballo; Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solin y Héctor Gregorio Hernández León, alias Pocholo, fueron sentenciados por ordenar y autorizar acciones criminales para ejercer control social del territorio en municipios de Casanare.

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Sus condenas alcanzan hasta 26 años y ocho meses de cárcel, según el fallo judicial.

Las penas corresponden a la aceptación de responsabilidad por crímenes cometidos al mando de la organización armada.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó 26 años y ocho meses de prisión para los hermanos Buitrago Parada y Orjuela Martínez por homicidio agravado y desaparición forzada, mientras que Hernández León recibió 17 años y once meses por homicidio agravado.

Detalles de las condenas y reparaciones a las víctimas

La decisión judicial acredita que los antiguos jefes de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) reconocieron su responsabilidad jerárquica por los delitos, que incluyeron el asesinato de quince personas y la desaparición de dos más, entre ellas una joven de 16 años cuyo paradero permanece desconocido.

Cada familia de las víctimas recibirá una indemnización por daños morales de 50 salarios mínimos legales mensuales, como parte de la reparación económica establecida en la sentencia.

Violaciones de derechos humanos en Casanare

Las investigaciones judiciales identificaron que los líderes ordenaron a sus estructuras armadas identificar y eliminar a quienes consideraban opositores, denunciantes o presuntos colaboradores de otros grupos armados.

Esta instrucción propició la represión en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal durante el periodo mencionado.

Entre las víctimas resalta la desaparición de una menor de edad, un caso cuyo desenlace aún se desconoce. La acción de las ACC impactó gravemente la vida de la población civil en Casanare, dejando secuelas persistentes en la estructura social local.

La resolución judicial dispuso también una medida de reparación económica y simbólica para los familiares, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos por la cúpula paramilitar.

El teniente coronel (r) Sarmiento Valbuena enfrentará juicio adversarial por caso de falsos positivos

El teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, exjefe de inteligencia de la Brigada XVI del Ejército Nacional de Colombia, será sometido a un juicio adversarial.

Esto se debe a su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el departamento de Casanare, de acuerdo con la decisión adoptada el 26 de marzo de 2026 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta resolución implica que Sarmiento Valbuena enfrentará un proceso fuera del mecanismo restaurativo, pues, a diferencia de la mayoría de los implicados en este caso, no reconoció ningún grado de participación en los crímenes investigados.

Si la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) presenta cargos formales y el oficial es hallado responsable, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, conforme a los procedimientos de la JEP para quienes no contribuyen al esclarecimiento integral de los hechos ni a la reparación de las víctimas.

El subcaso que involucra a Sarmiento Valbuena forma parte del llamado Caso 03, donde la JEP investiga ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre 2005 y 2008 en Casanare, oriente colombiano.

En este contexto, el tribunal detalló que en la Brigada XVI del Ejército Nacional funcionó una estructura criminal que reclutó, retuvo y asesinó civiles, presentando a las víctimas como miembros de grupos armados ilegales para inflar los resultados operativos de la institución.

En total, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 26 militares del Ejército Nacional, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles.

De los implicados, 27 han reconocido su responsabilidad—uno de forma extemporánea—y 22 ya fueron postulados a sanción propia ante el Tribunal para la Paz.

La JEP indicó que Sarmiento Valbuena habría facilitado una estrategia institucional destinada a dar apariencia de legalidad a los homicidios de civiles.

El expediente le atribuye la difusión de información prefabricada para presentar a los fallecidos como miembros de grupos armados ilegales y la alteración de registros internos para ocultar la ejecución de civiles.

Estas acciones, según concluyó la Sala de Reconocimiento de Verdad, consolidaron un patrón macrocriminal en el funcionamiento de la Brigada XVI. Además, se señala la participación del DAS en la selección y estigmatización de víctimas, aportando inteligencia a la red criminal investigada.