‘Paz urbana’ en Medellín: expertos explicaron los compromisos que tienen los criminales beneficiados por el Gobierno Petro

Luego de que se confirmó que la Fiscalía suspendió de manera temporal las órdenes de captura contra voceros de paz recluidos en la cárcel de Itagüí, el Gobierno colombiano defendió la decisión aclarando que la medida no implica excarcelación ni libertad para quienes cumplen condena.

La suspensión, vigente inicialmente por seis meses, busca facilitar la participación de estos líderes en las mesas de diálogo de “paz urbana” y está respaldada por la Ley 2272 de 2022, una sentencia de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015.

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Al respecto, la Fiscalía enfatizó que la medida solo aplica en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, y no excluye la captura en flagrancia por delitos graves. Abogados y expertos destacan que la suspensión de órdenes de captura es una herramienta temporal dentro del marco legal para avanzar en negociaciones, pero no representa impunidad ni amnistía. El proceso ha generado discusión sobre sus alcances y límites jurídicos, así como el impacto en la política de seguridad.

Debido a la polémica que se generó en Colombia por la decisión de la Fiscalía, en diálogo con Infobae Colombia, los abogados Juan José Roldán y Rogelio Roldán, que han seguido todo lo relacionado con las negociaciones con las estructuras criminales en Antioquia, analizaron lo que representa la suspensión en este proceso.

Para los juristas, lo primero que se debe mencionar es que existe una necesidad de mantener los diálogos y fortalecer el compromiso de todos los actores involucrados, resaltando que el éxito de estos procesos depende de un compromiso real y de la coherencia entre las acciones del Estado y la realidad social que enfrenta el país.

Los juristas indicaron que la negociación y el diálogo con estructuras criminales no representan una pérdida del poder estatal, sino un reconocimiento de las dinámicas sociales y criminales que existen y que requieren una respuesta adaptada para cada territorio.

Para los expertos, hay varias muestras de que el diálogo con estructuras criminales, que controlan economías paralelas y movilizan a jóvenes y mercados enteros, puede ser más efectivo que las respuestas punitivas tradicionales, ya que, según ellos, recurrir únicamente a la represión mediante acciones armadas, medidas carcelarias o el endurecimiento de penas no ha resuelto el problema de fondo.

“La paz real se construye a través de negociaciones y no mediante el sometimiento del Estado, siempre conservando la institucionalidad y el poder coercitivo, pero entendiendo el fenómeno social y las aspiraciones de futuro para el país”, indicó Juan José Roldán.

Respecto a los compromisos por parte de los beneficiados, anticiparon que estos procesos deben ser evaluados con rigor y no desde una perspectiva mediática o reactiva, priorizando que los debates se centren en cambios reales y concretos, que permitan una transformación social tras años de violencia.

“Es fundamental que el Estado asuma un compromiso sostenido con los jóvenes y las familias que integran estas estructuras, así como con los barrios y comunidades más afectados. De igual forma, los voceros y líderes de las organizaciones armadas tienen un compromiso para reducir y erradicar la violencia de manera progresiva”.

Para los expertos, en caso de que los avances se mantengan, Antioquia puede convertirse en un modelo replicable en otras regiones del país, siempre y cuando las soluciones integrales incluyan educación, empleo y atención social para los jóvenes que hoy forman parte de las estructuras criminales.

“Cómo piden que no boten basura al piso si no ponen basureros. Esto requiere propuestas claras y reglas definidas, integración social y laboral de quienes decidan abandonar la violencia, ofertas de contratos laborales y oportunidades educativas. Para erradicar la violencia es necesario ofrecer alternativas reales”, indicó Roldán.

Los juristas concluyeron que el avance social y la transformación de Medellín y Antioquia serán posibles si se adoptan medidas que reconozcan la complejidad del fenómeno criminal y que se adapten a la movilidad y el cambio constante de la sociedad.

Afirmaron que el verdadero progreso vendrá del trabajo conjunto, el análisis riguroso y la implementación de políticas que respondan a las necesidades reales de la población, dejando de lado respuestas inmediatas o mediáticas que no resuelven el problema estructural.