Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2026 reavivó la polémica que hay sobre el incremento avalúos rurales en Colombia, al ser cuestionadas por el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie. El dirigente rechazó las afirmaciones del mandatario sobre la evasión de impuestos de los propietarios rurales y denunció aumentos inéditos en varias regiones debido a la aplicación de la Resolución 2057.
“Les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra”, advirtió el jefe de Estado. Asimismo, explicó que la actualización catastral implica llevar a valor presente el precio de los predios, tanto urbanos como rurales, lo que puede reflejar incrementos en su valoración por factores como obras públicas o dinámicas económicas.
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“El catastro obviamente trae a valor presente los precios de las propiedades urbanas y rurales. Entonces el campesino tiene fincas más valiosas y hay precios que se han valorizado por obras públicas”, indicó Petro, entre otras cosas.
Al respecto, el presidente ejecutivo de de Fedegán sostuvo, por medio de una columna titulada “Avalúos catastrales: la quiebra del campo”, que los grandes aumentos en los avalúos rurales responden a la política estatal más que a la supuesta evasión fiscal de los propietarios. Señaló que los dueños de tierras pagan conforme a los avalúos oficiales, aunque estos hayan estado sin actualizar por hasta 30 años. Considera que la actualización masiva impulsada por el Gobierno produce impactos negativos sobre pequeños y medianos productores y calificó la Resolución 2057 como una exacción (cobro injusto y violento) que pone en riesgo la viabilidad económica del campo.
Recordó que los resguardos indígenas están exentos del impuesto predial y esas obligaciones son asumidas por el Ministerio de Hacienda.
El dirigente gremial insistió en que no existe una evasión masiva de impuestos en el sector rural. Argumentó que “no estamos ante contribuyentes ladrones, sino ante un Estado negligente”, en referencia al atraso del catastro rural, ya que el problema principal estriba en la actualización atrasada de los avalúos y no en el comportamiento de los propietarios o productores.
Incrementos en avalúos rurales y consecuencias para propietarios
De igual forma, expuso incrementos de avalúos históricos en varias regiones del país.
- Saravena (Arauca): registra un alza superior al 2.500.000%, y el promedio del departamento de Arauca asciende al 201.000%.
- Atlántico: los incrementos superan el 18.000%.
- Siete departamentos experimentaron aumentos superiores al 1.000%. Amazonas y Tolima se acercan al 900%, y Nariño presenta un 766%.
Frente a estos números, Lafaurie desmintió que la actualización perjudique solo a grandes propietarios. Advirtió que también afecta a pequeños productores, a pesar de los anuncios del Gobierno. “Petro afirmó que la medida no era para los pobres, pero me temo que también es falso”, señaló.
Para el dirigente gremial, los nuevos incrementos comprometen la estabilidad de muchas familias campesinas y generan “inquietud sobre el futuro del campo colombiano”.
Críticas a la Resolución 2057 y al Plan Nacional de Desarrollo
José Félix Lafaurie criticó la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que materializa la actualización catastral ordenada por el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. Considera que la metodología empleada genera alzas que “rayan en el absurdo” en zonas rurales de más de 500 municipios.
Cuestionó, además, el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Agraria de 1993, que ordena valorar los predios rurales solamente según la capacidad productiva y rentabilidad cuando el uso es agropecuario. “Los resultados evidencian que este criterio no fue respetado”, afirmó al pedir una revisión formal de las cifras ante los reportes de afectación en el sector. Para el presidente ejecutivo de Fedegán, la metodología implementada impone cargas tributarias desmedidas y sin referencia a la realidad productiva de cada región. Sostuvo que la actualización masiva de avalúos agrava la percepción de injusticia entre el sector agropecuario, ya golpeado por otras problemáticas.
“La Resolución 2057 es, literalmente, una exacción que afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo, donde todo falta y solo sobran el abandono y la violencia. Es un camino hacia la quiebra rural, un riesgo ante el cual debemos movilizarnos”, alertó.
Falta de actualización catastral y responsabilidad del Estado
Según Lafaurie, el rezago catastral en zonas rurales se debe al incumplimiento estatal de la actualización obligatoria cada cinco años. Advirtió que el propio anexo metodológico de la resolución reconoce “un rezago promedio de 15 años, pero hay municipios con 20 y 30 años sin actualización”.
De igual forma, rechazó que la corrección de ese rezago histórico se aplique de forma inmediata a los contribuyentes. “Su corrección no puede afectar ‘de golpe y porrazo’ el bolsillo de los propietarios de tierra”, manifestó al resaltar la gravedad de trasladar la carga acumulada directamente a quienes viven de la producción agrícola y pecuaria.
Según él, el Estado debe asumir la responsabilidad por las décadas de retraso en el catastro rural. Insistió en la necesidad de una transición gradual para evitar que la actualización comprometa la supervivencia y estabilidad de los agricultores.
Riesgos y advertencias para el sector agropecuario
Lafaurie alertó sobre el impacto que tendrán los nuevos avalúos en el impuesto predial, que seguirá aumentando durante varias vigencias fiscales incluso con límites legales a las subidas anuales.
Por eso, pidió que los ajustes se hagan con criterios de gradualidad y que los municipios establezcan tarifas mínimas para evitar una crisis financiera en el sector rural. Afirmó que la política impulsada “afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo”.
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