La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por presunto desacato a una tutela, según información obtenida por Revista Semana, en un caso que involucra la gestión del riesgo y el jarillón del río Cauca.
La medida disciplinaria se relaciona con el incumplimiento de una orden judicial que exigía el reasentamiento de una comunidad ubicada en zona de alto riesgo, lo que habría generado afectaciones en la protección de sus derechos.
El proceso también impacta obras estratégicas de mitigación de inundaciones en la ciudad, en medio de cuestionamientos por la gestión administrativa.
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Suspensión de funcionarios y alcance de la medida
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional de cuatro altos funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco de una investigación disciplinaria por presunto desacato a un fallo de tutela.
La decisión afecta al secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; a la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; al subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y al director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda.
La medida tiene efecto inmediato y busca apartar a los funcionarios de sus cargos mientras se desarrollan las etapas del proceso disciplinario, con el fin de evitar posibles interferencias o la reiteración de las conductas investigadas.
De acuerdo con el ente de control, esta decisión responde a criterios preventivos establecidos en la ley, que permiten adoptar este tipo de acciones cuando se considera que la permanencia en el cargo podría afectar el curso de la investigación.
El anuncio se produjo en medio de un seguimiento a la gestión de las dependencias encargadas de la planificación territorial, la vivienda y la atención de emergencias, áreas clave en la administración municipal.
Incumplimiento de tutela y comunidad afectada
El caso tiene su origen en el presunto incumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de la comunidad étnica de Playa Renaciente, asentada en una zona considerada de alto riesgo.
Según la Procuraduría, las autoridades distritales habrían omitido la orden judicial que exigía el reasentamiento inmediato de esta población, lo que generó un escenario de vulnerabilidad para sus habitantes.
El ente de control investiga una posible falta de gestión administrativa para garantizar la disponibilidad de suelo y ejecutar el traslado de las familias, lo que habría derivado en la desprotección de su vida e integridad física.
El expediente también señala una aparente parálisis normativa por parte de las secretarías involucradas, lo que habría impedido avanzar en las acciones necesarias para cumplir con la orden judicial.
En este contexto, la Procuraduría reiteró que las decisiones de los jueces, especialmente aquellas que buscan proteger a poblaciones vulnerables, deben cumplirse de manera estricta y sin dilaciones por parte de las entidades públicas.
Impacto en el jarillón y obras de mitigación
La situación también ha tenido efectos sobre las obras de mitigación de riesgo en el jarillón del río Cauca, una infraestructura clave para la prevención de inundaciones en Cali.
De acuerdo con el análisis del Ministerio Público, la falta de un plan efectivo de reubicación habría impedido el desarrollo de trabajos de reforzamiento estructural en el tramo correspondiente a la zona de Playa Renaciente.
Esto generó un impacto directo en la ejecución de proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones, en una ciudad donde el control de este tipo de amenazas es fundamental para la seguridad de la población.
La Procuraduría advirtió que la inacción de los funcionarios pudo haber afectado no solo a la comunidad involucrada, sino también al avance de obras estratégicas para la ciudad.
En ese sentido, la suspensión busca garantizar que el proceso disciplinario avance sin interferencias y que se puedan establecer con claridad las responsabilidades correspondientes.
El caso continuará en investigación mientras se evalúan las actuaciones de los funcionarios y se determina si hubo incumplimientos que deriven en sanciones de fondo, en un escenario que mantiene la atención sobre la gestión pública y la protección de comunidades en riesgo.
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