La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se pronunció oficialmente luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, por hechos relacionados con su gestión al frente de esa entidad en el caso de la hidroeléctrica Urrá I.
En un comunicado emitido el 27 de marzo de 2026, la autoridad ambiental reiteró su respeto por las instituciones y señaló que atenderá los requerimientos de información que surjan en el marco del proceso.
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En el documento, la entidad indicó que “reitera su respeto por la institucionalidad y las decisiones emitidas por los entes de control. Asimismo, estará dispuesta a entregar la información y documentación que sea requerida”, en referencia a las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público tras la emergencia por inundaciones registrada en febrero de 2026 en la cuenca del río Sinú.
Defensa de la gestión y criterios técnicos
La Anla defendió el trabajo realizado durante la dirección de Irene Vélez, asegurando que el seguimiento ambiental a proyectos como la represa de Urrá se fundamenta en procesos técnicos y verificaciones en territorio. En ese sentido, afirmó que “el seguimiento ambiental de la Anla al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de la represa de Urrá, y demás proyectos del país, se cimenta en criterios técnicos rigurosos, visitas a territorio y una revisión detallada de la documentación entregada por los titulares de las licencias”.
La entidad también sostuvo que ha actuado frente a posibles infracciones ambientales, indicando que desde 2022 ha impuesto 242 sanciones. Según el comunicado, más de la mitad de estas decisiones se han producido durante el periodo en el que Vélez ha estado al frente de la autoridad. Asimismo, informó que en los últimos cuatro años se han recaudado cerca de $198.183 millones de pesos por concepto de sanciones económicas.
Adicionalmente, la Anla señaló que su gestión responde al trabajo de un equipo técnico especializado, destacando que “la gestión de la Anla refleja el trabajo de cientos de profesionales que dedican sus esfuerzos y conocimientos a la evaluación rigurosa, el seguimiento transparente, y la actuación oportuna y responsable con el medio ambiente y los territorios”.
Sobre la apertura de investigación disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación abrió la investigación el jueves 26 de marzo de 2026, con base en un informe que advierte posibles irregularidades en la operación de la hidroeléctrica Urrá I y en la actuación de las entidades encargadas de su vigilancia. El proceso se origina en la función preventiva adelantada tras las inundaciones en la cuenca del río Sinú.
De acuerdo con el órgano de control, “la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible”, sino que correspondería a un riesgo previamente identificado. El informe señala que la contingencia habría estado asociada a una presunta operación negligente por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., incluyendo posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental.
Entre los hallazgos se menciona la priorización de la generación de energía sobre la regulación de caudales, así como la operación del embalse por encima de los límites establecidos, lo que habría incrementado el riesgo de inundaciones. También se advierten posibles fallas en los planes de gestión del riesgo y en los sistemas de alerta temprana.
Dentro del proceso disciplinario, además de a Irene Vélez, el Ministerio Público investiga a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y directivos de la empresa operadora; con el fin de determinar responsabilidades en la gestión del riesgo y en la supervisión de la operación del embalse.
Frente a este panorama, la Anla aclaró en su comunicado que la responsabilidad directa sobre la gestión de riesgos recae en los operadores de los proyectos. En ese sentido, precisó que las empresas generadoras de energía son responsables de gestionar los riesgos en sus operaciones, y que, ante eventos climáticos, deben actuar de manera preventiva junto con autoridades locales, ambientales y de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la Ley 1931 de 2018 y la Ley 1523 de 2012.
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