Un caso de maltrato infantil en Cartagena ha generado indignación en Colombia.
Un niño de cuatro años fue presuntamente torturado y agredido físicamente durante más de 15 días en su hogar por su abuela materna, lo que ha desatado el rechazo público y respuestas urgentes por parte de las autoridades, según información recopilada por El Tiempo.
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El menor sufrió quemaduras graves y múltiples lesiones, aparentemente ocasionadas por su abuela materna, lo cual motivó la intervención de la Policía Metropolitana de la capital del departamento de Bolívar.
La denuncia de una vecina fue clave para que las autoridades pudieran ingresar a la vivienda, rescatar al menor y trasladarlo de inmediato a un centro médico, mientras la sociedad y las instituciones vuelven a debatir los desafíos persistentes en la protección de la infancia en Colombia.
El niño presentó quemaduras de tercer grado en brazos y manos, presuntamente provocadas con agua hirviendo y objetos metálicos calientes, detalló el citado medio de comunicación.
Además, los informes médicos señalaron hematomas y lesiones óseas atribuibles a golpes reiterados, lo que llevó a activar protocolos de emergencia tan pronto ingresó al hospital.
De acuerdo con la Veeduría en Salud Color Esperanza, la gravedad de las heridas exigió atención especializada en cirugía plástica y pediatría, por lo que el menor fue remitido a una clínica con unidad de quemados, donde permanece bajo seguimiento multidisciplinario y su pronóstico sigue reservado.
Presunta agresora fue dejada en libertad
Pese a que la mujer fue capturada por las autoridades y llevada ante las instancias judiciales, un juez decidió dejarla en libertad, lo que provocó fuerte indignación social y críticas de defensores de derechos de la infancia.
“Es un mensaje nefasto para la sociedad. Estamos ante un caso de tortura contra un menor de edad y la justicia permite que la agresora regrese a las calles mientras el niño lucha por su vida”, declaró Álvaro Schorbogth, veedor de la Veeduría Color Esperanza, citado por El Tiempo.
Organizaciones sociales como la ONG Árbol Fuente de Vida y la Red Observatorio Nacional de Veedurías (Defensij) calificaron el hecho como “abominable” y exigieron a la Fiscalía General y la Procuraduría que revisen el procedimiento judicial que permitió la liberación de la sospechosa.
Además, se solicitó acompañamiento psicosocial a la alcaldía de Cartagena y a la Secretaría del Interior, así como supervisión por parte del Icbf para restablecer los derechos del menor.
Las entidades y la ciudadanía demandan tanto cumplimiento de la ley como una respuesta integral, que incluya medidas de prevención y apoyo directo a la familia afectada.
Investigación de las autoridades
La Fiscalía General de la Nación mantiene abierto el proceso bajo cargos de “tortura” y posibles “lesiones personales agravadas”. El escrutinio judicial cobra especial relevancia por tratarse de una agresión cometida dentro del núcleo familiar.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó protocolos de emergencia y reúne datos para determinar medidas de protección y restablecimiento de derechos para la víctima.
El seguimiento médico continúa en un entorno especializado, con equipos multidisciplinarios enfocados en evitar secuelas físicas y psicológicas permanentes, describió el director de la organización Casa del Niño, Luis Percy.
Según su testimonio, se conformó una red de apoyo entre organismos de salud para garantizar el acceso del niño a todos los insumos y tratamientos requeridos.
Qué dice la ley
Colombia dispone de un marco jurídico robusto que protege a la infancia y adolescencia, incluyendo el Código de la Infancia y la Adolescencia, destinado a prevenir toda forma de violencia y negligencia.
Las penas para quienes cometen “tortura” o “lesiones personales agravadas” pueden ser elevadas, aunque la liberación temprana de la sospechosa en este caso ha acrecentado la desconfianza de la sociedad hacia la aplicación efectiva de la ley.
Los casos de maltrato perpetrados en el entorno familiar presentan desafíos adicionales, ya que ocurren en ambientes supuestamente seguros y dificultan la denuncia temprana. La función preventiva de la comunidad resulta determinante para detectar abusos y articular redes de apoyo.
Expertos y organizaciones sociales llaman a fortalecer iniciativas de crianza positiva, campañas de alerta y protocolos de intervención temprana para evitar que hechos como este se repitan en el país.
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