La candidata presidencial Paloma Valencia Laserna presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que se suspenda provisionalmente el Decreto 234, más conocido como reforma pensional, expedido el 6 de marzo por el Ministerio del Trabajo de Colombia, que lidera Antonio Sanguino Páez.
El objetivo de la acción judicial es que el alto tribunal revise la constitucionalidad de la norma y, en última instancia, la declare nula por considerar que vulnera la Constitución Política de 1991, según informó el propio despacho de Valencia.
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La también senadora responsabilizó al Gobierno nacional de sobrepasar las facultades reglamentarias. En su demanda, sostiene que el Ejecutivo no puede crear, mediante decreto, un esquema de negociación sindical sectorial cuando el Congreso no lo ha aprobado.
“Mientras el Gobierno argumenta que actúa en el marco de artículos del Código Sustantivo del Trabajo y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Colombia ha ratificado. La medida excede el alcance de la potestad reglamentaria y regula asuntos reservados al Congreso”, según consta en la demanda.
En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, cuestionó la acción judicial interpuesta por Valencia en contra de la iniciativa. A su juicio, la congresista del Centro Democrático no busca el bienestar de los colombianos, sino mantener al pueblo subyugado a los empresarios.
“Ha demandado la reforma laboral, la pensional, ayudó a detener la reforma a la salud, ahora no quiere sindicatos fuertes. Deberían decir la verdad: quieren ver a la gente que trabaja como esclavos de sus haciendas (sic)”, expuso en su cuenta de X.
En otro mensaje, el primer mandatario respondió a la advertencia de la Contraloría General de la Nación sobre los riesgos a los que se expone el sistema pensional si se aplica la reforma del Gobierno nacional. Para Petro, el organismo debe dejar de ser presuntamente aliado de los que roban a los colombianos.
“Le voy a pedir a la contraloría que deje de ser cómplice de un robo. Si no devuelven los ahorros de los cotizantes de los fondos de pensiones que decidieron irse de ellos y pasarse a Colpensiones, simplemente están cometiendo un robo (sic)”, sostuvo.
Sobre el manejo de los ahorros de los colombianos, señaló que “el dinero del ahorro no es de los bancos. Que lo hayan invertido en cosas que la contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece (sic)”, insistió el presidente Petro.
Incluso, señaló que los fondos privados, según su análisis, se están aprovechando de los ahorros de los colombianos, mientras entidades como la Corte Constitucional no se pronuncian.
“Están haciendo un corralito con los ahorros y la Corte Constitucional no se mueve con la reforma pensional temerosa de darle un triunfo electoral al gobierno”, aseguró.
El gobernante de los colombianos precisó: “Estamos ante un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior buscando no devolver los dineros de los propietarios del ahorro: las y los trabajadores. La superintendencia financiera y la contraloría sin investigar y en silencio o en complicidad (sic)”.
Mientras se define la viabilidad de la reforma pensional del Gobierno Petro, el país deberá definir si aumenta o no la edad de pensión.
Las proyecciones actuariales, incluyendo las elaboradas por Fedesarrollo, el centro de investigación económica más influyente del país, señalan que para ese período la curva de envejecimiento en Colombia será lo suficientemente pronunciada como para poner en riesgo la sostenibilidad del modelo solidario.
La tendencia indica que cada vez más adultos mayores cobrarán pensiones y cada vez menos jóvenes estarán trabajando para sostenerlas.
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