En Colombia, la sobrepoblación animal y el abandono de mascotas recibieron una respuesta institucional que marca un antes y un después.
La entrada en vigor del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica establece una política pública permanente, dejando atrás las campañas esporádicas que, hasta la fecha, solo ofrecían soluciones temporales.
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El nuevo marco legal quedó definido por la Ley 2374 de 2024 y su reglamentación mediante la Resolución 0229 de 2026. Desde ese momento, la esterilización gratuita de perros y gatos deja de ser una iniciativa local para transformarse en una obligación de alcance nacional, que involucra a todas las alcaldías y gobernaciones del país.
La resolución no solo estipula el acceso a la esterilización, sino que fija criterios técnicos y sanitarios que todas las jornadas deberán cumplir. Por ejemplo, cada animal debe pasar por una valoración veterinaria previa y recibir seguimiento después de la intervención, lo que refuerza el enfoque en el bienestar animal y la salud pública.
El acceso sin costo al procedimiento no es automático para toda la población. El programa concentra sus recursos en animales en situación de calle, mascotas de familias en estratos 1, 2 y 3, y perros y gatos que viven en refugios, fundaciones o bajo el cuidado de personas en condición vulnerable. Esta priorización busca maximizar el impacto social y sanitario de la medida.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, subrayó que “le estamos entregando al país una herramienta única que fortalece las acciones de bienestar animal, con un enfoque de salud ambiental que reconoce el nexo humano–animal-ambiente”. La funcionaria remarcó que el programa exige “estrictos protocolos médicos que evalúen el estado de salud de los perros y gatos y sus condiciones clínicas antes de su intervención”.
De acuerdo con la reglamentación, las entidades territoriales deberán garantizar la cobertura de las jornadas conforme a sus capacidades operativas y a la disponibilidad de recursos. Cada administración local deberá incluir la esterilización en sus planes de acción, asegurando la continuidad de la atención veterinaria y la supervisión de los procedimientos.
El hecho de que la esterilización se haya convertido en una política pública obliga a las entidades regionales a mantener estas jornadas como parte permanente de sus acciones de salud y bienestar animal. Ya no dependerán de presupuestos puntuales ni de la voluntad de autoridades locales, sino que tendrán carácter obligatorio.
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, destacó que “el control poblacional de perros y gatos, bajo el enfoque de Una Salud, es una apuesta estratégica que se articula con las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ y con un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”.
Para el funcionario, la medida también protege la salud humana porque “la salud humana está directamente vinculada con la tenencia responsable de animales de compañía, así como con su protección y bienestar”.
La Resolución 0229 de 2026 detalla cinco líneas prioritarias de intervención: gatos y perros sin hogar, animales de compañía de poblaciones en contextos sociales vulnerables (habitantes de calle, recicladores, migrantes), perros de manejo especial, caninos diagnosticados con tumor venéreo transmisible y gatos con enfermedades virales, además de mascotas alojadas en fundaciones y hogares de paso.
En cada caso, el programa promueve la captura, esterilización y manejo posterior de los animales, siguiendo protocolos establecidos para asegurar el bienestar durante todo el proceso. Las jornadas también incluyen información para los cuidadores sobre los beneficios del procedimiento y acompañamiento en las etapas previas y posteriores a la cirugía.
El despliegue del programa será progresivo, siempre en función de los lineamientos técnicos y de la disponibilidad real de recursos en cada territorio. Las carteras de Ambiente y Salud publicaron la resolución que transforma la esterilización en una obligación permanente, con el objetivo de mejorar el bienestar de gatos y perros, gestionar su población de manera responsable y contribuir a un ambiente sano.
La norma define disposiciones sanitarias, ambientales y técnicas para todas las jornadas, y exige a las autoridades locales cumplir con los estándares fijados, adaptando las acciones a sus capacidades operativas.
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