Para los días 25 y 26 de marzo de 2026 está previsto un encuentro entre las delegaciones de Colombia y Ecuador, con el fin de contener una crisis diplomática y comercial, luego de que ambas naciones endurecieran posiciones en temas de seguridad fronteriza y aranceles, generando inquietud en la agenda regional.
Sin embargo, previo a la reunión que se realizará en Lima (Perú), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que mantendrá la tasa de seguridad del 50% a los productos provenientes del país sudamericano, medida que rige desde el 1 de marzo.
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El mandatario ecuatoriano, en declaraciones a los medios locales, sostuvo que su medida responde a lo que considera como una omisión por parte del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el crimen.
“Creo que hay, en cierto punto, como una omisión de parte del Gobierno colombiano, en este sentido. Por eso nosotros tomamos la decisión de cobrar una tasa de seguridad para productos colombianos y de esa manera también fomentar la producción nacional, que generemos empleos aquí (...) ya que nuestro vecino no quiere colaborar en la parte de seguridad que tanto afecta a las familias ecuatorianas”, indicó el jefe de Estado a la prensa de ese país.
La medida, que había iniciado en 30%, fue adoptada tras las críticas del presidente Daniel Noboa sobre lo que describió como “descuido absoluto” de Colombia en el control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico.
El Ejecutivo ecuatoriano también cita como motivo el déficit comercial bilateral, que asciende a unos 1.200 millones de dólares (más de 4.400 millones de pesos colombianos).
La reacción del gobierno colombiano fue inmediata: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia impuso aranceles del 50% a más de 185 productos ecuatorianos, entre ellos arroz, frijol, cacao y azúcar, según lo anunciado por la autoridad.

Detalles del encuentro entre las delegaciones binacionales
De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mesa de trabajo estará encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores, destacándose la participación de Juana Castro por parte de Colombia.
La Comunidad Andina actuará como mediadora en el diálogo para facilitar consensos y lograr un acuerdo que permita superar las diferencias bilaterales.
El incidente que motivó la convocatoria ocurrió en una zona rural del departamento de Putumayo, donde un artefacto explosivo fue encontrado cerca de la línea limítrofe. La reacción inmediata incluyó la activación de mecanismos conjuntos de verificación técnica.
Un comunicado difundido por el presidente Gustavo Petro a través del Ministerio de Defensa detalló que el explosivo recorrió aproximadamente 210 metros, con muy alta probabilidad de haber impactado en territorio ecuatoriano antes de caer en Colombia, sin ocasionar daños a personas o bienes.
Incluso, Petro solicitó la intervención del entonces presidente estadounidense Donald Trump para facilitar una mediación de alto nivel y resaltó el riesgo de una eventual escalada militar. “Y hay una cosa extraña que yo le pedí a (Donald) Trump: ‘Actúe’. Llamé al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, dijo el mandatario colombiano en el Consejo de Ministros realizado el 16 de marzo de 2026.
Sin embargo, el presidente de Ecuador Daniel Noboa negó que se hubiese producido una agresión contra el territorio colombiano y defendió la legitimidad del operativo ecuatoriano. Paralelamente, su gobierno adoptó represalias en el plano económico al establecer nuevas barreras arancelarias a varios productos colombianos, lo que profundizó el conflicto comercial y deterioró el flujo regular de comercio fronterizo.

Según informaron autoridades en Quito, la presencia del artefacto estaría vinculada a una operación militar dentro de los límites de Ecuador contra organizaciones armadas ilegales. Las fuentes ecuatorianas aseguraron que el operativo tuvo como fin neutralizar amenazas criminales y no buscaba generar tensiones con Colombia.
El conflicto en la frontera colombo-ecuatoriana, marcado por el hallazgo del explosivo y el endurecimiento comercial, generó preocupación regional y provocó una respuesta política inmediata, incluyendo una reunión supervisada por la Comunidad Andina en Lima que podría definir el curso de las relaciones bilaterales en los próximos meses.
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