Investigan red de contrabando en El Buen Pastor: Drogas, ropa y pedidos especiales entrarían ocultos por la empresa del suministro de comida

El hallazgo de tráfico de celulares, drogas y otros objetos prohibidos ocultos entre los alimentos que llegaban a la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá reveló un esquema de contrabando que involucra a la empresa encargada del suministro.

El procedimiento fue confirmado tanto por testimonios de empleados como por incautaciones recientes de celulares, licor y estupefacientes en la cocina del penal, de acuerdo con la investigación de Semana.

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Camiones de alimentos con ingreso autorizado a El Buen Pastor son utilizados para introducir ilícitos camuflados con carnes y productos perecederos que familiares de internas de alto poder adquisitivo gestionan como pedidos especiales. Estas “encomiendas” son coordinadas directamente con empleados en bodegas, que ocultan los artículos prohibidos entre los víveres.

El acceso restringido para perros antidrogas en las inspecciones de carne sellada permite la entrada de drogas, ropa, cargadores y celulares sin ser detectados. Dentro del centro de reclusión de mujeres más grande del país, el valor de los productos podía aumentar hasta cuatro veces; además, el sistema funciona gracias a la complicidad de varios funcionarios.

La operación de tráfico penitenciario en El Buen Pastor consiste en que empleados de la empresa alimenticia, en comunicación con determinados internos llamados “plumas”, coordinan los pedidos y la entrega oculta en los camiones.

Los alimentos contaminados con objetos prohibidos llegan tras paradas intermedias, donde la carga es alterada antes del arribo a la cárcel. Una vez en la cocina, el paquete clandestino es recibido por la interna indicada, según lo relatado por trabajadores al medio citado.

“Hay una orden que impide que perros antidrogas se acerquen a las carnes; tampoco se puede destapar; es el espacio que utilizan para meter celulares, cargadores, ropa y elementos prohibidos y drogas envueltas en plástico, como bolas bien compactadas”.

El caso se destapó cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) halló celulares y sustancias ilícitas en una revisión a la llegada de uno de estos envíos. Según un funcionario consultado por Semana, la información fue reservada para evitar la exposición de la red de contrabando detectada.

Red de complicidades y beneficios en El Buen Pastor

Las revelaciones apuntan a una estructura de complicidad que implica tanto a empleados de la empresa de alimentos como a funcionarios penitenciarios. Una interna con alto poder adquisitivo invariablemente recurría a la adquisición de artículos de difícil acceso, en ocasiones solicitando incluso maquillaje entre la mercancía ilegal.

Los llamados “plumas” comunican sus necesidades y preferencias, solicitando, por ejemplo, costillas, langosta o quesos especiales, que se camuflan en los objetos prohibidos.

El incentivo económico es muy elevado: dentro de la cárcel, el precio de un celular, ropa de marca o estupefacientes puede alcanzar un valor cuatriplicado respecto al del exterior. Esto convierte el tráfico en un negocio rentable para quienes participan, internos o empleados. Los testimonios recabados por el medio citado sugieren que parte del personal de vigilancia conoce y tolera estas actividades, lo que facilita la entrada y distribución de los paquetes ocultos.

Algunos funcionarios tendrían pleno conocimiento del sistema, y la omisión de actuaciones sería una manera de protección tácita al esquema de corrupción penitenciaria.

Controversia en la contratación y respuesta de autoridades

El trasfondo del caso incluye polémicas en la adjudicación del contrato de alimentos a la empresa proveedora. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) otorgó, en mayo de 2025, el contrato para abastecer a 17 grupos de cárceles tras una licitación pública de casi $1.000.000.000.000. Dicha licitación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades, entre ellas pliegos hechos a la medida de ciertos contratistas, presuntos sobornos y reuniones secretas.

Ni la investigación del ente acusador ni la de la Procuraduría General de la Nación han tenido avances sustantivos tras la rotación de sus máximos responsables, pese a la gravedad de las pruebas presentadas. La Fundación Cárceles al Desnudo describió presuntas presiones indebidas y la formación de un posible monopolio en el suministro carcelario.

Frente a las denuncias, la Uspec negó tener conocimiento previo de los hechos e indicó que, de comprobarse la información, colaborará con los organismos de control y autoridades judiciales “de manera activa y transparente” para esclarecer responsabilidades. Hasta el momento, las respuestas institucionales no han logrado enfrentar con eficacia la situación, y las demandas por acciones concretas siguen en aumento.