
Un grupo de 75 ediles del Distrito de Barranquilla enfrenta la suspensión de su seguridad social, situación que impidió el acceso a procedimientos médicos urgentes y expone a toda la corporación a graves riesgos en materia de salud, según denunció la concejal Heidy Barrera.
Las demoras administrativas en el pago de aportes, que son responsabilidad directa del Distrito, obligaron a una edilesa a recorrer varios centros asistenciales para poder someterse a una cirugía posterior a la pérdida de su embarazo, hecho que la concejal anunció llevará a un debate de control político ante la alcaldía.
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En el último tercio de la cadena asistencial, la edilesa debió afrontar la exigencia de un pago de $1,5 millones al presentarse como paciente particular ante la clínica Murillo, ya que su afiliación a la EPS aparecía suspendida.
La propia Heidy Barrera, concejal de Barranquilla, relató que la familia rechazó este pago y exigió atención, pero esta fue negada, de acuerdo con el testimonio recogido por Caracol Radio.

Solo tras dirigirse al sistema público en el Camino Adelita de Char de MiRed Ips, la paciente fue admitida, aunque sin acceso inmediato a una ecografía obstétrica por la ausencia de especialistas en ese horario.
Según la concejal Barrera, este episodio deja en evidencia el alcance de la crisis: “Todos los ediles están sin seguridad social. Incluso edilesas que han dado a luz recientemente no tienen cobertura y no se les puede atender en un centro asistencial”, dijo la concejala a Caracol Radio.
Barrera recalcó que el Distrito debe responder no solo por los pagos en mora, sino por las garantías mínimas de atención integral.
Desde diciembre de 2025, los pagos de salud y pensión de los ediles de Barranquilla presentan atrasos que han llevado a la suspensión de servicios a toda la corporación, incrementando el riesgo sanitario y bloqueando el acceso tanto a procedimientos rutinarios como a urgencias médicas.
El caso más grave fue el de una edilesa embarazada que perdió a su bebé y, por la morosidad en la seguridad social, atravesó dificultades para ser intervenida quirúrgicamente.
El sistema le exigía el pago de atención privada o la derivación a instituciones públicas con limitaciones tecnológicas y demoras, circunstancia que, según la concejal Heidy Barrera, podría replicarse entre los 75 funcionarios que componen las cinco localidades del Distrito.

El edil Álvaro José Padilla, de la localidad del suroriente, afirmó a Caracol Radio: “Hasta donde tengo entendido, hasta el mes de diciembre estaba todo al día, pero los pagos de enero, febrero y marzo no se han realizado”.
Padilla indicó que la situación ha forzado el rechazo de citas médicas y obligado a los ediles a pedir una solución directa al Distrito.
La concejal Heidy Barrera detalló: “Nos acercamos a las entidades para citas médicas y nos rechazaron. Por eso estamos solicitando que se regularice la seguridad social de todos los ediles”.
Desde la Secretaría de Salud confirmaron que la paciente afectada fue admitida finalmente en el Caminio Adelita de Char, “bajo seguimiento médico y recibiendo la atención requerida”, aunque este acceso se dio solo después de superar múltiples negativas iniciales.
La funcionaria admitió que, aun regularizando las cuentas, la reactivación del servicio no sería inmediata, lo que prolonga el riesgo para los afectados.
Heidy Barrera anunció que llevará la situación de los ediles a un “debate de control político”, en el cual exigirá explicaciones documentadas sobre los tiempos y registros de pago de la seguridad social, solicitando que el Distrito presente pruebas del cumplimiento en aportes de salud y pensión.

Barrera advirtió que la omisión en estas obligaciones constituye una negligencia administrativa, y denunció fallas graves tanto en la gestión distrital como en la respuesta de las redes de atención, al insistir: “Esto me parece inadmisible, es la salud de una mujer que hoy es miembro de una corporación pública en esta ciudad. La seguridad social de los ediles debería ser una prioridad siempre, porque no sabemos en qué momento puede enfermarse una persona”.
La concejal recordó, con datos concretos, que las dificultades se extienden a otras edilesas, algunas de las cuales han debido cubrir de su bolsillo los gastos de atención pediátrica para sus recién nacidos, al no contar con cobertura institucional.
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