La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a Lain Eduardo López Martínez, actual agente especial interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., tras identificar un presunto deterioro en la prestación de los servicios de salud a los usuarios.
De igual manera, el Ministerio Público inició investigaciones disciplinarias en contra de cinco exagentes especiales interventores de la misma EPS: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.
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La delegada para la Vigilancia Administrativa es la encargada de adelantar las indagaciones correspondientes sobre el trabajo que desarrollaron los exfuncionarios y así determinar si incumplieron sus obligaciones.
El organismo de control fundamentó la suspensión provisional de López Martínez y la apertura de las investigaciones a los demás exfuncionarios en hallazgos recopilados durante varias visitas preventivas, donde se evidenció que, desde la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en 2023, las acciones implementadas no mejoraron el acceso a los servicios de salud. Por el contrario, generaron una atención considerada precaria e ineficiente.
Los datos recopilados por la Procuraduría indican que, desde la intervención, se registró un incremento de peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (Pqrs), tutelas e incidentes de desacato por parte de los usuarios afiliados a la entidad promotora de salud. Estas falencias han afectado a 1.585.721 afiliados de la EPS, de los cuales el 96% pertenece al régimen subsidiado.
En ese sentido, el organismo de control informó que es necesario establecer el origen del deterioro en la sostenibilidad financiera de la EPS, puesto que, además de las fallas en la prestación de los servicios de salud, hay indicios de aumento de siniestralidad, contratación irregular, incremento de pasivos y disminución del patrimonio y activos, así como eventuales fallas en las condiciones tecnocientíficas y administrativas.
Así las cosas, ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos que están detrás de las fallas de Asmet Salud.
De acuerdo con la EPS en cuestión, la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa que llevó a cabo la Superintendencia Nacional de Salud inició el 12 de mayo de 2023 y su vigencia estaba establecida hasta el 12 de mayo de 2024. Sin embargo, mediante dos resoluciones, la medida se extendió por dos años más.
“El 9 de mayo de 2025 se emitió la Resolución Ejecutiva No. 153 de 2025 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se autorizó la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar hasta el 11 de mayo de 2026″, precisa la entidad promotora en su sitio web oficial.
Según detalló, con la intervención, los agentes interventores designados adquieren la calidad de representantes legales de la EPS y su trabajo se centra en asegurar una gestión adecuada de los recursos de la salud dispuestos para la entidad. De igual manera, debe proteger los intereses de la EPS y de los usuarios.
Contrario a lo advertido por la Procuraduría, Asmet Salud indica que, gracias a la intervención, se redujeron las quejas presentadas por los afiliados en los diferentes canales de atención. De igual manera, documenta mejoras en la captación temprana al control prenatal, en la tamización del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en el despliegue de la estrategia de atención primaria en salud en el departamento del Cauca, entre otros logros que enlista en su sitio web.
“Bajo el compromiso de mitigar los riesgos en salud de sus usuarios, uno de los logros más significativos durante este periodo es el diseño e implementación de modelos de atención enfocados en la prevención en salud”, detalla la EPS.
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