Un juez ordenó a la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba levantar los bloqueos tras admitir una tutela por afectaciones a la libre circulación y al trabajo, según información publicada por Semana. La decisión se da en medio del tercer día de protestas.
La acción judicial fue interpuesta por una ciudadana que aseguró que no podía desplazarse a su lugar de trabajo debido a los cierres en la vía entre Montelíbano y Puerto Libertador, de acuerdo con ese medio de comunicación. La situación encendió alertas por el impacto en derechos fundamentales.
El despacho ordenó permitir el tránsito inmediato en los puntos bloqueados mientras avanza el análisis de fondo del caso. La medida busca mitigar las afectaciones generadas por el paro minero en la región.
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Tutela por afectación a derechos fundamentales
La decisión judicial se originó tras una acción de tutela presentada por una mujer identificada como Ana María Muñoz.
En su solicitud, la ciudadana pidió la protección de sus derechos a la libre circulación y al ejercicio de su profesión.
Según expuso, los bloqueos en la vía que conecta Montelíbano con Puerto Libertador le impedían llegar a su lugar de trabajo.
En el documento, solicitó que la Mesa Minera, como convocante del paro, permitiera el tránsito de quienes necesitan movilizarse.
También pidió que se suspendieran las acciones que restringen estos derechos.
“Procedan de manera inmediata a permitir el libre tránsito de quienes deseamos ejercer nuestro derecho al trabajo”, señaló en su solicitud, citado por ese medio de comunicación.
Orden judicial y entidades vinculadas
El juez segundo promiscuo de Montelíbano admitió la tutela y emitió una orden directa a los responsables del bloqueo.
“Permita la libre circulación a todas aquellas personas que transitan por la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador y viceversa”, indicó la decisión judicial, citada por ese medio de comunicación.
Además, el despacho vinculó a varias entidades para que informen sobre las afectaciones generadas por la protesta.
Entre ellas se encuentran las alcaldías de Montelíbano y Puerto Libertador, la Defensoría del Pueblo regional y la empresa Cerromatoso S. A.
Estas instituciones deberán aportar información sobre el impacto del paro minero.
Motivos del paro minero
El paro fue convocado por organizaciones mineras que denuncian afectaciones a su actividad económica.
Según lo expuesto, los mineros consideran que las autoridades han generado un perjuicio con la quema de maquinaria.
Esta práctica, según los manifestantes, afecta directamente su capacidad de trabajo en la región.
Además, entre sus principales exigencias está el reconocimiento del Bajo Cauca como distrito minero.
El paro comenzó el lunes 16 de marzo y completa varios días de bloqueos en puntos estratégicos.
Impacto en la región
Los bloqueos han afectado la movilidad en corredores clave entre Córdoba y Antioquia.
Esto ha generado dificultades para trabajadores, transportadores y habitantes que dependen de estas vías.
La situación también ha impactado actividades económicas en la zona. La empresa Cerromatoso ha señalado afectaciones en su operación debido a los cierres.
Advertencias de las autoridades
Antes de conocerse la decisión judicial, las autoridades ya habían advertido sobre posibles medidas para levantar los bloqueos.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, señaló que se estaban adelantando gestiones para resolver la situación.
“Les hemos pedido a las autoridades en territorio (…) que acudan a esos sitios para disuadir a los manifestantes”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.
También advirtió que, de no lograrse un acuerdo, se podría intervenir para restablecer el tránsito.
“Y si ellos no abren la vía, nos toca abrirla por la fuerza, estamos preparados para eso”, agregó.
Un conflicto que escala
La orden judicial marca un punto clave en el desarrollo del paro minero. El caso pone en el centro del debate el equilibrio entre el derecho a la protesta y los derechos fundamentales de terceros.
Mientras avanza el proceso, las autoridades deberán garantizar el cumplimiento de la decisión. Al mismo tiempo, el conflicto evidencia la necesidad de soluciones estructurales frente a la actividad minera en la región.
El desenlace dependerá de la respuesta de los manifestantes y de las acciones que adopten las instituciones para restablecer la normalidad en las vías afectadas.
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