
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica el 16 de marzo al declarar que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en quiebra serán liquidadas, sin alternativas posibles.
Esta afirmación, realizada en el Consejo de Ministros, generó reacciones inmediatas, especialmente en el ámbito económico y de la salud, por lo que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que preside Bruce Mac Master, fue una de las principales voces que expresó su preocupación frente a los posibles efectos de esta medida.
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Por medio de un comunicado oficial, el gremio empresarial alertó sobre las consecuencias que la liquidación de las EPS podría tener para el sistema de salud colombiano y para la economía del país.

La Andi señaló que, en este momento, el sistema de salud enfrenta una crisis financiera, la cual podría empeorar si se avanza en la liquidación de estas entidades. La liquidación de las EPS, según la Andi, traería consigo múltiples problemas.
El gremio empresarial cuestiona la liquidación de las EPS que ordenó el Gobierno
Uno de los más graves sería la incertidumbre sobre cómo se llevaría a cabo el traslado masivo de los afiliados a otras entidades. Esta falta de claridad genera serias dudas sobre la continuidad de los tratamientos médicos para millones de colombianos.
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Pacientes con enfermedades graves, como cáncer, VIH o problemas respiratorios, dependerían de una red de atención estructurada que podría verse interrumpida.

“Un traslado de esta magnitud pone en riesgo la trazabilidad de los tratamientos médicos”, advirtió el gremio. Además, se destacó que el impacto no solo afectaría a los pacientes, sino a las EPS receptoras, que verían un aumento en la carga de trabajo y en los riesgos financieros.
La sobrecarga de afiliados podría afectar la capacidad operativa de estas entidades y dificultar la prestación de los servicios de salud, por lo que la Andi destacó que -en el contexto actual- el sistema de salud ya se encuentra debilitado por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que provocó un rezago creciente en los pagos a los prestadores de salud.
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Esta crisis financiera, según el gremio, tiene su origen en las decisiones del Gobierno nacional, que no ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la UPC: “Así como la expedición de una normativa que estableciera un periodo de transición para el cumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, el gobierno ha hecho oídos sordos a las órdenes de la Corte”.

De acuerdo con la Andi, la medida de liquidación de las EPS también podría generar graves consecuencias económicas, tanto a nivel macroeconómico como en el sector salud.
La falta de pago de deudas acumuladas entre las distintas entidades pondría en riesgo la estabilidad financiera de todo el sistema, al afectar desde los proveedores de insumos hasta los salarios de los profesionales de la salud.
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En el comunicado, el gremio empresarial enfatizó la necesidad de evitar medidas apresuradas que puedan empeorar aún más la situación: “La liquidación de las EPS no es una solución, sino un riesgo para la salud de los colombianos y para la estabilidad del sistema”.

Además, se puede leer en el comunicado que: “La liquidación de las EPS y la salida de actores del sistema implica el traslado masivo de afiliados. No es claro qué EPS serían sujeto de la medida de intervención forzosa para liquidar, qué pacientes y usuarios tendrían que ser trasladados, poniendo en riesgo la continuidad de sus tratamientos y en entredicho su derecho de libre elección, ni cuáles serían las EPS receptoras“.
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Según el comunicado emitido por la Andi, si solo se consideran las EPS que actualmente están intervenidas para administrar, dejando de lado a la Nueva EPS, que el Gobierno parece querer mantener bajo su control, se verían “afectados 11,8 millones de afiliados”.
Este dato resaltó la magnitud del impacto directo sobre una porción significativa de la población asegurada. Sin embargo, el gremio empresarial advierte que si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser aún mayor, ampliando el alcance de los traslados y generando más incertidumbre.

El gremio empresarial también señaló la falta de claridad sobre cómo se llevaría a cabo el proceso de liquidación y traslado de afiliados: “Si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser mayor”.
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