
El 18 de marzo de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definió las ubicaciones carcelarias para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, involucrados en una investigación por presuntos delitos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión implica la asignación de recintos específicos en Bogotá tras analizar su perfil de riesgo y fuero especial como parlamentarios, medida que responde a una orden de la Corte Suprema de Justicia y marca un precedente en la gestión penal de hechos de corrupción vinculados a contratación estatal.
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Manzur permanecerá en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras Manrique será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, también ubicada en la capital del país. Lo anterior como resultado de un procedimiento conjunto entre el Inpec, las autoridades judiciales y el órgano superior de la Rama Judicial, que finalizó la evaluación de riesgo luego del cierre de la etapa probatoria en noviembre de 2025.

Las autoridades informaron que se hizo efectivo el traslado de los legisladores a los centros de reclusión definidos desde el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. A la par, revelaron la reseña de Karen Manrique y de Wadith Manzur en el centro penitenciario.
Las grabaciones y mensajes que confirmarían la culpabilidad de Wadith Manzur y Karen Manrique
El origen del caso se remonta a febrero de 2024, cuando surgieron denuncias públicas sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira por un valor de $46.800.000.000.

El impacto de esta adquisición generó un amplio debate sobre el manejo de recursos públicos y puso en el centro de la polémica a la Ungrd. Posteriormente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de dicha entidad, admitió ante la justicia la existencia de un sistema de sobornos que involucraba a varios altos funcionarios y congresistas, entre ellos Wadith Manzur y Karen Manrique.
La lista de pruebas que fundamentaron la medida de detención incluye registros de reuniones, grabaciones y mensajes que documentan el papel de los acusados en la supuesta manipulación de operaciones de crédito público.
Por ejemplo, durante la primera quincena de diciembre de 2023, Karen Manrique proporcionó a María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro Ricardo Bonilla, los contactos para coordinar obras en Saravena, conforme a lo acordado con la entidad de gestión del riesgo y el Ministerio de Hacienda. El 11 de diciembre, Manrique se reunió con Benavides, exigió igualdad de trato para su región y solicitó la agilización de los proyectos pendientes, indica la documentación de la investigación de la Sala de Instrucción.

El proceso contra los congresistas se distingue por la profundidad temporal de las pesquisas. Desde diciembre de 2023, ambos participaban en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) y fueron objeto de seguimiento por su presencia en reuniones clave y el intercambio de comunicaciones reiteradas. Los registros muestran que Manrique efectuó solicitudes para monitorear el progreso contractual los días 9, 16, 19, 23 y 30 de enero, así como el 6, 7, 16, 20 y 27 de febrero de 2024.
Una de las revelaciones más contundentes provino en mayo de 2024, cuando Pinilla señaló en su declaración que el mecanismo de sobornos tenía como objetivo impulsar reformas promovidas por el Ejecutivo. A raíz de su testimonio, la Fiscalía recibió la compulsa de copias con pruebas y declaraciones que implicaban a Manzur, Manrique y otros legisladores. Para julio, el ente acusador ya había vinculado formalmente a cinco congresistas activos, entre ellos Liliana Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, además de los dos detenidos.
En agosto de 2024, María Alejandra Benavides declaró haber sostenido una reunión con Wadith Manzur en un centro comercial de Bogotá, donde este último intentó restar importancia a su papel en la trama de sobornos. Frente al avance de la investigación, Karen Manrique y Wadith Manzur presentaron su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el 2 y el 3 de diciembre de 2024, respectivamente, para evitar posibles interferencias en la etapa judicial.
Ambos congresistas acaban de ser reelegidos: Manrique como representante a la Cámara por la curul de paz y Manzur como senador por el Partido Conservador, destacando este último por haber alcanzado la segunda votación más alta en su colectividad. La detención de estos legisladores plantea un escenario inédito de judicialización en el marco de la lucha contra la corrupción y pone a prueba la integridad de las instituciones políticas de Colombia.
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