En las riberas del Bajo Baudó, la vida cotidiana quedó en pausa. El transporte fluvial, que es la principal vía de conexión en esta zona del Chocó, se detuvo casi por completo, y con él se frenó el acceso a alimentos, atención médica y actividades básicas para cientos de familias.
Lo que ocurre allí no es un hecho aislado. Detrás de este escenario está un paro armado indefinido decretado por el ELN, que impuso restricciones severas a la movilidad y altera profundamente la rutina de comunidades enteras, tanto en áreas rurales como urbanas.
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La situación encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre el impacto humanitario que ya se está registrando en el territorio. La entidad puso el foco en las consecuencias directas que esta medida está teniendo sobre derechos fundamentales de la población.
De acuerdo con el reporte oficial, el paro, el primero de este tipo en lo que va de 2026, fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla. Su alcance no es menor: afecta a 25 comunidades del municipio de Bajo Baudó, una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Dentro de este grupo, se encuentran 16 comunidades afrocolombianas que agrupan a 530 familias, es decir, cerca de 1.933 personas. A ellas se suman nueve comunidades indígenas, conformadas por 886 familias que reúnen a unas 4.114 personas. En total, más de 1.400 familias enfrentan hoy restricciones que condicionan su supervivencia diaria.
Estas poblaciones habitan no solo en el casco municipal, también en zonas dispersas a lo largo de cuencas como la del río Docampadó y otros afluentes del suroriente del departamento. Allí, los ríos no son solo paisaje, son la única vía de transporte, abastecimiento y conexión con servicios básicos.
Uno de los efectos más críticos es el confinamiento. Las limitaciones para movilizarse cerraron, en la práctica, los corredores fluviales, lo que impide el ingreso de productos esenciales. La comida escasea y las posibilidades de abastecimiento se reducen con el paso de los días.
El impacto también se extiende a otros frentes. Las jornadas de atención en salud son interrumpidas, dejando a muchas personas sin acceso a servicios médicos básicos. Al mismo tiempo, niños y jóvenes ven suspendidas sus clases, lo que profundiza las brechas educativas en una región que ya enfrenta múltiples dificultades. A esto se suma la imposibilidad de que misiones humanitarias lleguen a los territorios afectados. Las restricciones impuestas limitan el ingreso de ayuda externa, lo que agrava aún más la situación de las comunidades.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo fue enfática en recordar que todos los actores armados tienen obligaciones claras como parte del derecho internacional humanitario. En particular, señaló la necesidad de proteger a la población civil en medio de cualquier confrontación.
En ese sentido, la entidad advirtió que “las amenazas, intimidaciones o medidas que generen terror en la población civil, así como las restricciones generalizadas que afecten su acceso a bienes indispensables para la supervivencia, contravienen los principios y obligaciones establecidos” en estas normas. El llamado no se quedó en una advertencia. La Defensoría del Pueblo exigió de manera directa al ELN levantar el paro armado de forma inmediata, con el fin de restablecer las condiciones mínimas de vida en la zona.
Al mismo tiempo, insistió en que la protección de las comunidades debe ser una prioridad. “Los derechos y la protección de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer en todo momento”, enfatizó la entidad, destacando la vulnerabilidad histórica de estas poblaciones.
La alerta también se extendió a las autoridades. La Defensoría hizo un llamado urgente para que se adopten medidas coordinadas que permitan atender la emergencia y garantizar la seguridad de los habitantes del Bajo Baudó. El desafío no es menor. La combinación de aislamiento geográfico, presencia de actores armados y limitaciones institucionales convierte a esta región en un escenario especialmente complejo.
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