El presidente Gustavo Petro intervino en la controversia que se vive en Medellín por la llegada de la minga indígena y las reacciones políticas que generó, luego de un anuncio relacionado con el expresidente Álvaro Uribe.
A través de su cuenta en redes sociales, el mandatario respondió a versiones que señalaban una posible restricción contra comunidades indígenas en la ciudad. En su mensaje, Petro fue enfático en diferenciar el enfoque de la orden impartida a la Policía Colombia:
“La orden que doy a la Policía Colombia no es prohibir Medellín a los indígenas sino prohibir Medellín a los pederastas y abusadores sexuales que llegan del extranjero”.
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El pronunciamiento se conoce poco después de que se informara que Álvaro Uribe rendirá un homenaje en Medellín a ciudadanos que se opusieron a la llegada de la minga indígena al sector de La Alpujarra, un hecho que intensificó el debate político en la capital antioqueña.
El exmandatario señaló que se realizará un reconocimiento a la fuerza pública, así como al concejal Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, destacando su papel —según dijo— en la defensa de la protesta pacífica y en evitar bloqueos en la ciudad.
El discurso de Uribe sobre la minga
Un nuevo capítulo de tensión política se abrió en Medellín tras las protestas protagonizadas por la minga indígena en el sector de La Alpujarra, donde durante dos días se registraron bloqueos y restricciones en el acceso al complejo administrativo de la ciudad.
Las movilizaciones, en las que participaron cerca de 800 personas provenientes principalmente de la subregión de Urabá, afectaron la movilidad, limitaron el ingreso de funcionarios públicos y alteraron la prestación de algunos servicios en esta zona clave, donde funcionan la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia.
En medio de este panorama, el expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes cuestionamientos sobre las razones detrás de la protesta, en un contexto marcado por el ambiente preelectoral que vive el país. Desde el mismo sector de La Alpujarra, el exmandatario puso en duda la necesidad de la movilización y sugirió la existencia de intereses ocultos.
En la misma intervención, el exmandatario profundizó sus cuestionamientos y reiteró su postura frente a la movilización: “Y quiero hacer un llamado, una cosa es la base indígena, ¿por qué los manipulan? ¿Por qué los hicieron venir aquí? ¿Por qué pusieron a correr ese riesgo a los niños? Innecesario, ¿quién los financió?“, afirmó.
También aseguró que expuso cifras según las cuales el Gobierno habría destinado cerca de 500.000 millones de pesos, por fuera de sus obligaciones legales, a lo que calificó como una “burocracia politiquera” que —según dijo— ha tomado control del liderazgo indígena. En ese sentido, sostuvo que esa estructura debe ser denunciada como cualquier caso de corrupción en corporaciones públicas y enfatizó en la necesidad de trabajar directamente con las bases indígenas y garantizar la protección de los niños.
La minga indígena, que paralizó el centro de Medellín por cerca de dos días, intensificó el debate político en torno a estas movilizaciones y su impacto, especialmente por las posturas encontradas entre distintos sectores frente a la presencia de comunidades indígenas en la ciudad.
Por su parte, la Alcaldía de Medellín fijó una postura clara frente a las protestas, respaldo al derecho a la manifestación, pero sin permitir bloqueos que afecten servicios públicos o el funcionamiento institucional en Medellín. En esa línea, el alcalde aseguró que solicitó a la Fiscalía investigar quiénes estarían financiando y coordinando los traslados masivos hacia La Alpujarra, al considerar que podrían existir intereses detrás de estas movilizaciones.
El mandatario también marcó distancia frente a los líderes de la protesta al afirmar que “ellos están en campaña y nosotros estamos gobernando”, en referencia al contexto político que rodea la situación. A este llamado se sumó el gobernador de Antioquia, quien reveló tensiones durante los diálogos con voceros indígenas. Según explicó, uno de los momentos más críticos se dio cuando se habría planteado como condición inicial un pago de 130 millones de pesos para transporte.
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