Fiscalía imputará cargos a exinterventores de Air-e por fraude a resolución judicial

La Fiscalía Seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de imputación de cargos a los exinterventores de la empresa de energía Air-e, Diana María Bustamante y Nelson Javier Vásquez, en el marco de una investigación por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la entrega de información sobre la administración de la compañía.

La diligencia judicial está programada para el jueves 19 de marzo, fecha en la que el ente acusador les imputará el delito de fraude a resolución judicial, conducta tipificada en el artículo 454 del Código Penal colombiano y que contempla penas de hasta 48 meses de prisión.

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El proceso judicial se originó tras reiteradas denuncias sobre la negativa de los exinterventores a suministrar información clave sobre la gestión de Air-e durante el tiempo en que estuvieron al frente de la empresa como agentes designados por el Gobierno nacional.

Según la investigación, existía una orden expresa del Consejo de Estado que obligaba a quienes ejercían la intervención a entregar información a los accionistas sobre el estado y manejo del proceso. No obstante, dicha instrucción judicial no habría sido acatada por los funcionarios, lo que motivó las acciones de la Fiscalía.

La falta de acceso a la información no solo fue cuestionada por los accionistas de la empresa, sino también por distintos organismos de control. Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República han advertido dificultades para obtener datos relevantes sobre la intervención, lo que ha generado preocupación en torno a la transparencia del proceso.

Señalamientos sobre decisiones financieras

Uno de los puntos más sensibles dentro del caso está relacionado con un acuerdo de pago cercano a los $200.000 millones, que presuntamente habría sido celebrado con una empresa vinculada al fallecido empresario William Vélez.

En su momento, la revista Semana reportó supuestos acercamientos entre funcionarios de Air-e y la empresa Interaseo, lo que generó cuestionamientos sobre la conveniencia y legalidad del acuerdo.

A esto se suma que la firma de revisoría fiscal Ernst & Young, que venía acompañando a la empresa desde antes de la intervención, emitió una “abstención de opinión” sobre los estados financieros de Air-e, argumentando que no contó con la información suficiente para emitir un concepto profesional.

El acuerdo de pago también ha generado interrogantes debido a que, presuntamente, se habría realizado en contravía de directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd), que había advertido sobre la necesidad de no efectuar pagos correspondientes a obligaciones previas a la intervención.

Además, el monto del acuerdo superaría los valores registrados en la contabilidad de la empresa antes de que esta fuera asumida por el Estado, lo que ha despertado nuevas alertas entre los entes de control.

Según la información conocida, dicho acuerdo habría sido suscrito por la actual interventora encargada, Tania Peñaranda, y por Edwin Palma, que actualmente se desempeña como ministro de Minas y Energía.

Deudas y cuestionamientos al proceso de intervención

En paralelo, generadores de energía han denunciado que, desde la intervención estatal, Air-e habría dejado de pagar cerca de $2 billones, cifra que no incluye las deudas previas al proceso.

La Procuraduría General de la Nación también advirtió la ausencia de un plan claro, técnico y estructurado para la recuperación de la empresa. El organismo señaló que Air-e no ha explicado las medidas adoptadas para garantizar su viabilidad, ni ha presentado una trazabilidad completa del proceso de intervención.

Asimismo, se cuestionaron los cinco cambios de interventor que ha tenido la empresa desde que fue asumida por el Estado, situación que, según la Procuraduría, afecta la continuidad y estabilidad de la gestión.

Este panorama se suma a la controversia generada por el anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de implementar un cobro de 8 pesos por kilovatio hora (kWh) a los usuarios del país, con el fin de cubrir el déficit derivado de la administración de la empresa durante la intervención.

Adicionalmente, se conoció que uno de los contratos más polémicos fue suscrito cuando Palma se desempeñaba como interventor. Dicho acuerdo fue posteriormente suspendido tras cuestionamientos sobre su adjudicación y conveniencia; sin embargo, antes de su suspensión, el contrato ya habría permitido el desembolso de aproximadamente $14.000 millones, lo que ha intensificado las críticas sobre el manejo de los recursos en el proceso de intervención.

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