
Más de 200 empleados del Nuevo Hospital Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, cumplen cuatro meses sin recibir sus salarios, según información recogida por Blu Radio y El Tiempo. El personal, compuesto por enfermeros, camilleros y administrativos, reclama el pago de sueldos y prestaciones sociales, mientras mantiene la atención médica sin interrupciones.
El retraso en los pagos afecta a trabajadores de todas las áreas, desde auxiliares de enfermería hasta servicios generales y laboratorio. Esmilda Rocha, auxiliar de enfermería con 16 años de experiencia en el hospital, explicó a Blu Radio que la situación es crítica, ya que muchos empleados no cuentan con dinero para cumplir sus obligaciones ni para trasladarse al trabajo.
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“Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios; o sea, no tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”, señaló Rocha en las declaraciones recogidas por el medio.
El hospital, operado por la Promotora Bocagrande S.A. (PROBOCA), enfrenta una crisis financiera que persiste desde diciembre de 2025. Los trabajadores han elevado cartas y realizado acuerdos con la gerencia, pero los plazos para el pago del salario no se han cumplido. Además del atraso salarial, denuncian la falta de prestaciones sociales y dotación básica para el ejercicio de sus funciones.
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En la entrada principal del hospital, los empleados realizaron protestas pacíficas, con carteles que exigen el pago inmediato de sus salarios. El Tiempo informó que la consigna “Queremos nuestro sueldo” resume el sentimiento de frustración que predomina entre el personal afectado.
La administración del Nuevo Hospital Bocagrande atribuye la situación a una deuda que mantiene la EPS Coosalud con la institución. En un comunicado compartido en redes sociales, la gerencia indicó que “vienen adelantando gestiones directas” con Coosalud para viabilizar los giros correspondientes.
“Como es de conocimiento público, esta entidad se encuentra a la espera del nombramiento de un nuevo interventor, situación externa que ha incidido en los tiempos de los procesos administrativos y financieros. A pesar de este panorama, desde la gerencia se continúa trabajando de manera permanente en la búsqueda de soluciones que permitan superar esta coyuntura y fortalecer la estabilidad institucional”, detalló la administración, según citó Blu Radio.
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Los empleados, sin embargo, rechazan la explicación y señalan que su contratación fue realizada directamente por la Promotora Bocagrande. “Ellos nos dicen que los culpables son Coosalud, y pues Coosalud no es culpable porque nosotros no tuvimos contratación con Coosalud, sino con Promotora Bocagrande, que fue quien nos contrató al momento de nosotros trabajar (…) y quién puede aguantar así tanto tiempo sin salario, sin un sueldo, sabiendo que tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que pagar arriendo, hay que pagar servicios, o sea, todas las problemáticas que tenemos las personas día a día”, relató Rocha a Blu Radio.
El retraso en la llegada de recursos afecta a 200 trabajadores entre empleos directos e indirectos, quienes además de los sueldos adeudados, enfrentan la falta de dotaciones e implementos para el desarrollo de sus labores, según reportó El Tiempo.
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El ambiente en el hospital se caracteriza por la desconfianza y la falta de información clara sobre los tiempos de solución. El Tiempo reseñó que la gerencia ha expresado “profundos reconocimientos” y agradecimientos por la vocación de servicio del personal, pero los empleados consideran que las palabras no resuelven sus problemas económicos. “La confianza no paga arriendos ni compra alimentos”, expresaron algunos de los manifestantes.

A pesar de la crisis, los servicios médicos del hospital continúan prestándose sin interrupciones. La administración mantiene que se están realizando gestiones para resolver la situación financiera y garantizar la estabilidad institucional. Mientras tanto, los trabajadores insisten en la urgencia de una solución que permita el pago de salarios y prestaciones atrasadas.
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