La tensión entre Colombia y Ecuador escaló este martes 17 de marzo luego de que el Gobierno ecuatoriano tomara la palabra. El detonante fue una afirmación del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo, en la que el dijo sospechar que explosiones registradas en la zona fronteriza entre los dos países no eran obra de grupos armados ilegales, sino que provenían del otro lado de la frontera.
Incluso le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interviniera diplomáticamente para evitar lo que describió como un posible camino hacia la guerra.
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Para entender de qué se trata todo esto: en la frontera entre Colombia y Ecuador —una zona selvática, remota y con fuerte presencia de grupos criminales— aparecieron restos de un artefacto explosivo que, según Petro, habría sido lanzado desde una aeronave.
El presidente colombiano dijo que hay una grabación que podría probar que ese artefacto llegó desde territorio ecuatoriano, aunque aclaró que la investigación todavía está en curso y que los resultados técnicos aún no son definitivos.
Ante ese panorama, Ecuador respondió este martes con un comunicado oficial firmado por su Ministerio de Defensa Nacional desde Quito. El documento no tardó en circular en redes sociales y medios de los dos países.
El texto parte de una aclaración sobre el alcance de sus propias operaciones: “Las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana”, indica el comunicado.
Con esa frase, el gobierno de Ecuador traza una línea clara: sus militares operan dentro de sus propias fronteras. No en las de Colombia. Es una respuesta directa, aunque sin nombrar al país vecino en ningún momento del documento.
El comunicado también precisa a quién va dirigida esa actividad militar. Según el Ministerio de Defensa ecuatoriano, el objetivo no es ningún Estado vecino, sino estructuras criminales: “Nuestro combate está dirigido exclusivamente contra los grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico que amenazan la seguridad y la tranquilidad de las familias ecuatorianas”.
Ese contexto es relevante. Ecuador lleva años en medio de una crisis de seguridad severa, producto de la expansión del crimen organizado —en parte vinculado a disidencias colombianas— que ha convertido a ese país en uno de los más violentos de la región en los últimos años.
Las operaciones militares en zonas fronterizas son parte de la respuesta del Estado ecuatoriano a esa situación, y han sido una constante desde que el gobierno declaró el conflicto armado interno en 2024.
El comunicado también incluye un mensaje de continuidad en esa estrategia: “Ecuador continuará atacando con fuerza a las estructuras criminales que intenten crear caos dentro del territorio nacional”. Y cierra con una referencia a alianzas internacionales: “Seguiremos en esta lucha firme y decidida junto al respaldo de países aliados que comparten este mismo compromiso”.
Lo que no hace el comunicado es mencionar a Colombia directamente, ni a Petro, ni referirse de manera explícita a los hechos denunciados el lunes. Tampoco niega que haya habido explosiones cerca de la frontera. Se limita a afirmar que sus fuerzas actúan dentro de su propio territorio y que sus acciones tienen un objetivo interno bien definido.
Mientras tanto, en Colombia las autoridades siguen analizando el artefacto encontrado para determinar su procedencia técnica. Petro mencionó que el dispositivo podría seguir activo, lo que mantiene en alerta a las autoridades en la región. La grabación que el mandatario colombiano anunció como posible evidencia tampoco ha sido confirmada ni divulgada públicamente hasta el momento.
Por ahora, los dos gobiernos hablan en paralelo: Colombia investiga y pide mediación internacional; Ecuador defiende la legalidad de sus operaciones y anuncia que las continuará.
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