Apoderado de la familia de Kevin Acosta se pronunció tras concepto de la Procuraduría, que culpó a Nueva EPS: “No se puede ser cómplice”

La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó el 17 de marzo una omisión de la Nueva EPS y del Estado colombiano en la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa, motivó un enérgico pronunciamiento de Wilson Ruiz, abogado de la familia. El caso, que ha causado conmoción nacional, dejaría en evidencia el deterioro del sistema de salud y el riesgo de miles de pacientes ante la falta de medicamentos vitales.

El Ministerio Público notificó que la investigación disciplinaria por el fallecimiento de Acosta, ocurrido el 13 de febrero, estableció una responsabilidad directa de la entidad por no garantizar el suministro del medicamento emicizumab, esencial para controlar la hemofilia. Además, el ente de control compulsó copias a la Fiscalía General para que determine eventuales responsabilidades penales, una acción que el equipo legal calificó como un avance hacia la justicia.

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“La muerte de Kevin no es otra cosa que una omisión por parte de la Nueva EPS y, por supuesto, del presidente de la República y del ministro de Salud”, declaró Ruiz, exministro de Justicia que con su equipo de abogados, entre ellos Manuel Villanueva, asumió el caso. El abogado agregó que la decisión de la Procuraduría refuerza las denuncias que su equipo advirtió hace dos semanas, al tiempo que insistió en que la tragedia de Kevin no es un caso aislado.

“No solo por la muerte de Kevin, sino también por la de Jeisson Javier Pinzón, quien falleció esperando medicamentos que nunca llegaron”, puntualizó Ruiz, que le salió al paso a la versión dada desde el Gobierno, cuando el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Salud atribuyeron en un primer momento la muerte del menor exclusivamente al accidente, y señalaron la falta de prevención por parte de los cuidadores; lo que desató una fuerte controversia.

¿Qué dijo la Procuraduría del caso Kevin Acosta?

La familia ha sostenido que la cadena de negligencias empezó cuando la IPS Medicarte suspendió la entrega de medicamentos por falta de pagos de la Nueva EPS, y continuó cuando la IPS Integral tampoco pudo asumir la atención de los pacientes, ya que no recibía transferencias. Así, durante casi dos meses, Acosta no tuvo acceso a su tratamiento, hecho que la Procuraduría consideró determinante para su desenlace tras un accidente en bicicleta en Pitalito, Huila.

El informe del organismo de control precisó que alrededor de 2.000 pacientes, primero adscritos a Medicarte y luego a Integral, enfrentan un “alto riesgo” porque no tienen atención médica asegurada. “Estas omisiones generan responsabilidades tanto de carácter penal como patrimonial”, remarcó Wilson Ruiz en su pronunciamiento, en el que adelantó que, como líder del equipo jurídico, ya interpuso denuncias penales contra los presuntos responsables.

Del mismo modo, anunció que acompañará a las víctimas durante el proceso que adelanta la Fiscalía. “Las acciones judiciales procurarán la reparación integral de las familias afectadas”, agregó el abogado, que también anunció demandas administrativas para exigir compensación; más allá de que, según lo expresó el exministro, el objetivo de las acciones trasciende el plano económico, pues busca “esclarecer la verdad y garantizar que estos hechos no se repitan”.

El jurista recalcó que el caso de Acosta ilustra fallas estructurales en la atención a pacientes con enfermedades complejas, pues recordó que la Procuraduría abrió además una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, por su papel en la falta de suministro. El informe del ente indicó que, al momento del fallecimiento del menor, Kevin Acosta no tenía IPS asignada y que el medicamento tampoco fue gestionado.

“Aquí no solo estamos hablando de cifras, sino de vidas que se pierden por la negligencia y la falta de respuesta oportuna del Estado”, enfatizó Ruiz, que hizo un llamado a la sociedad para que más víctimas denuncien y no permitan que estos hechos queden, a su parecer, impunes. “No se puede ser cómplice del olvido. Es momento de que las familias afectadas alcen la voz y exijan justicia frente a un sistema que hoy está fallando de manera estructural”, concluyó.