El sistema penitenciario de Colombia suma una nueva estructura a su capacidad, en medio de una crisis de hacinamiento que ha generado reiteradas alertas sobre derechos humanos.
El flamante Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha, La Guajira, se prepara para abrir sus puertas en junio de 2026, con la promesa de marcar un antes y un después en la gestión carcelaria de la región.
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Actualmente, más de 22.400 personas privadas de la libertad ocupan plazas inexistentes en las prisiones bajo control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), superando en 27,6% la capacidad oficial. El nuevo centro busca aliviar una sobrepoblación que se ha traducido en condiciones inhumanas y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional.
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La inauguración de esta cárcel responde a una combinación de sentencias judiciales, mandatos internacionales y presión social acumulada por décadas. El proyecto, valorado en 307.969 millones de pesos, tiene un avance físico del 88% y representa una de las inversiones más sustanciales del Estado para enfrentar el hacinamiento carcelario y contribuir a la resocialización.
Características de la nueva cárcel de Riohacha
En 36.000 metros cuadrados se distribuyen ocho pabellones, uno de ellos para mujeres, además de áreas judiciales, administrativas y de visitas. El subdirector de seguimiento a la Infraestructura, Juan José Casasfranco, explicó al diario El Tiempo que el centro tendrá espacio para 1.722 internos: “El sistema de recolección de aguas residuales ya cuenta con un tratamiento que permite el reúso de caudales, de tal manera que se pueda disminuir el consumo de agua que es tan escasa en el distrito”, señaló.
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En el caso de las mujeres, se habilitó un pabellón con capacidad para 152 internas, incluyendo un centro de desarrollo infantil para hasta 15 madres gestantes. El diseño contempla también áreas de sanidad, talleres, lavandería y un salón de armonización pensado para comunidades indígenas.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, destacó la incorporación de un pabellón exclusivo para miembros de la comunidad Wayuú procesados por la justicia ordinaria.
“Para ellos se construyó una especie de maloka, que va a permitir el libre desarrollo de sus culturas étnicas, de tal manera que los funcionarios de custodia y vigilancia puedan contribuir en la construcción del tejido social y lograr el avance de la resocialización para lograr mejores condiciones en esa zona del país”, argumentó. La maloka tendrá capacidad para 218 personas.
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Este enfoque diferencial, considerado un hito en materia de redención de pena con perspectiva étnica, responde a una problemática concreta: la cárcel actual de Riohacha presenta un hacinamiento del 267%, mientras que el centro transitorio de la Policía reporta una sobrepoblación del 3.700%.
Por su parte, Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, director general (e) de la Uspec, vinculó el proyecto al marco normativo y judicial vigente: “La necesidad de nuevos cupos integrales para las personas privadas de la libertad se enmarca en el documento CONPES estratégico 4082 del 2022 y en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional 388 de 2013 y la T-162 de 2015, las cuales en conjunto buscan la creación de condiciones dignas y de seguridad para que la población privada de la libertad tenga procesos de resocialización efectiva”, detalló en declaraciones al diario El Tiempo.
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Las autoridades aseguran que el avance del proyecto, junto con el contrato de interventoría por 21 mil millones de pesos, ha sido inspeccionado por la Contraloría General de la República “sin observar irregularidad alguna en términos de ejecución presupuestal”. De hecho, destacan que se trata de la prisión más próxima a inaugurarse en el país.
La apertura de la cárcel de Riohacha representa un intento por equilibrar la balanza entre el control penal y la dignidad de los internos, abriendo la puerta a un modelo penitenciario que, según sus impulsores, busca entregar “personas funcionales en sociedad” y no solo castigar a los infractores.
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