Una jornada de bloqueos en el centro administrativo de Medellín desató una fuerte reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que aseguró que el departamento enfrenta presiones coordinadas desde distintos sectores.
La movilización indígena que permaneció en los accesos al complejo de La Alpujarra -centro de Medellín- motivó el pronunciamiento del mandatario regional.
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Rendón sostuvo que la situación supera una protesta puntual y responde a intereses políticos, sociales y criminales que, según dijo, ejercen presión organizada por el Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Gustavo Petro, contra el departamento: “Hoy Antioquia amaneció bajo ataque, ataque por los aliados de Petro del crimen, de la política y las movilizaciones”.
Los manifestantes mantienen cerrados varios accesos al complejo administrativo que alberga la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Palacio de Justicia, el Concejo y la Asamblea Departamental; la situación afectó el ingreso de funcionarios y ciudadanos que acuden a estas dependencias para realizar trámites.
Esta es la razón por la que las comunidades indígenas manifiestan en La Alpujarra
De acuerdo con la explicación del mandatario departamental, la inconformidad surgió por desacuerdos frente a la designación de 20 docentes en instituciones educativas indígenas ubicadas en el Urabá antioqueño. El caso involucró planteles en municipios como Mutatá, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá.
El gobernador cuestionó el impacto que, según afirmó, tiene la protesta en la educación de los menores que habitan en los resguardos de esa región: “Es inaudito que unas autoridades indígenas, por querer nombrar a 20 docentes, tengan desescolarizados a los niños de los resguardos de estos municipios”.
Además, la Gobernación de Antioquia defendió la legalidad del proceso de designación, por lo que Andrés Julián Rendón aseguró que los maestros recibieron nombramiento con aval de autoridades indígenas anteriores y con acompañamiento del gobierno departamental.
El desacuerdo, explicó, surgió tras cambios en la representación de algunas comunidades: “Los profesores están nombrados, ellos no los dejan trabajar porque los nombró la anterior autoridad indígena y eso no les gusta”.
El mandatario también reveló un episodio que ocurrió durante acercamientos entre delegados del gobierno departamental y voceros de la movilización, pues durante esas conversaciones se habría planteado una exigencia económica para permitir el regreso de los manifestantes.
“Ellos incluso se iban a parar de la mesa porque nosotros no les dábamos 130 millones de pesos, que era lo que costaba el transporte que los trajo hasta acá y el de regreso”, indicó Rendón ante diferentes medios de comunicación.
La respuesta de la Gobernación fue negativa frente a esa solicitud, por lo que el mandatario reiteró que la administración departamental no aceptará presiones que busquen modificar decisiones administrativas.
“Nosotros no podemos ceder ante la ilegalidad. ¿Cómo vamos a disponer de 20 maestros que fueron nombrados legítimamente porque a ellos les da la gana?”, aseveró.
Rendón defendió además las acciones que el departamento ha desarrollado para fortalecer la educación y la infraestructura en territorios indígenas.
Según explicó, Antioquia ejecuta un programa de construcción de cerca de 100 instituciones educativas para estas comunidades mediante el mecanismo de obras por impuestos.
El gobernador afirmó que más de una decena de esas sedes ya fueron entregadas, por lo que también mencionó programas de alimentación escolar con enfoque cultural que se diseñaron de acuerdo con las tradiciones alimentarias de los pueblos indígenas.
A esto se suma la priorización de estas comunidades durante la temporada de lluvias para la entrega de ayudas humanitarias en varias zonas del departamento, de acuerdo con Rendón.
Mientras la protesta continúa en el complejo de La Alpujarra, la administración departamental mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los manifestantes. No obstante, Rendón reiteró que no habrá cambios en los nombramientos docentes ni concesiones frente a bloqueos o exigencias económicas.
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