El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió nuevamente al aumento del salario mínimo para 2026, después de que la Defensoría del Pueblo respaldó ante el Consejo de Estado el decreto que lo incrementó en un 23%.
A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro aseguró que el “salario vital” es una orden de la Constitución y cuestionó al Congreso de la República por una supuesta “desobediencia”.
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“El salario vital es una orden de la constitución desobedecida por el Congreso“, afirmó Gustavo Petro.
El mandatario colombiano afirmó que, con el aumento del salario mínimo, logró alcanzar el “salario vital” en su administración.
“A través del ascenso del salario mínimo llegué en mi gobierno a alcanzar el salario vital”. expresó el jefe de Estado.
Por tal motivo, el presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo y explicó que garantizar “el mínimo vital” es de “sentido común”.
“Que el salario garantice el mínimo vital de la familia es de sentido común”, aseveró el mandatario colombiano.
¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo defendió el aumento del salario mínimo del 23% para 2026 tras intervenir ante el Consejo de Estado, en respuesta a las 17 demandas que buscan anular el Decreto 1469 de 2025, firmado por el Gobierno de Gustavo Petro.
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La intervención ocurrió después de que el tribunal suspendiera de forma temporal la medida, que fijaba el salario básico en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte.
“En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026”, indicó.
El respaldo de la Defensoría del Pueblo se apoya en principios constitucionales y obligaciones internacionales dirigidas a garantizar la dignidad humana y el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias.
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Iris Marín, titular de la entidad, afirmó que el incremento responde a necesidades reales de quienes dependen del salario mínimo y busca asegurar condiciones mínimas para la subsistencia, en sintonía con la protección de derechos fundamentales y el interés colectivo.
Durante su exposición, Marín destacó la importancia de considerar los derechos humanos como eje central para fijar el salario mínimo. Insistió en que la discusión no debe limitarse a variables macroeconómicas, ya que la remuneración mínima tiene efectos directos en el interés público y la estabilidad social.
También sostuvo que la participación de la Defensoría resultaba necesaria para proteger los derechos humanos y el interés general, asegurando que el decreto cumple con los requisitos legales y constitucionales, incluso sin el acuerdo tripartito acostumbrado entre empresarios, sindicatos y el Gobierno Nacional.
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En su análisis jurídico, la Defensoría indicó que la remuneración mínima vital no equivale solamente a una cifra determinada cada año, sino que constituye una garantía constitucional que trasciende el aspecto económico y se ubica en el centro de la dignidad humana. El salario mínimo, según la entidad, representa la expresión económica del derecho a una vida digna y resulta indispensable para ejercer la ciudadanía y otros derechos fundamentales.
“La Defensoría recomienda que se eviten escenarios de desprotección a los derechos que están reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras tanto en la Constitución como en tratados internacionales”, aseveró.
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El concepto presentado hace referencia a la Sentencia C-815 de 1999, que exige justificar la fijación del salario con argumentos económicos, aunque concede mayor importancia a la garantía de la remuneración mínima, vital y móvil establecida en el artículo 53 de la Constitución. Finalmente, la Defensoría advirtió que reducir el salario vital a un simple número debilita la protección constitucional y la función social que le corresponde.
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