La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preventiva para esclarecer el presunto uso de medios públicos con fines políticos durante las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 en Colombia.
La actuación del Ministerio Público se da tras los señalamientos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) y denuncias públicas sobre la neutralidad y el equilibrio en la cobertura de campañas, elementos clave para garantizar procesos democráticos transparentes.
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El informe preliminar de la MOE UE, que contó con 145 observadores en 30 departamentos, detectó un patrón de trato desigual por parte de medios estatales como Rtvc y Señal Colombia, en contraste con la cobertura de los partidos opositores.
Según la misión, la información oficial favoreció principalmente al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la Vida, mientras que las fuerzas políticas adversarias recibieron “tiempo limitado y, a menudo, en tono negativo”.
La Procuraduría solicitó al Consejo Nacional Electoral, al Rtvc Sistema de Medios Públicos y a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcía, información sobre la gobernanza, financiamiento y mecanismos de supervisión de los medios estatales durante la campaña. La investigación busca garantizar el cumplimiento de los principios de pluralismo, equilibrio y transparencia, sin interferir en la línea editorial.
El informe señala que radio y televisión estatales priorizaron la cobertura de actividades del presidente Gustavo Petro, sus ministros y aliados, mientras los partidos de gobierno recibieron trato preferencial.
Además, muchos ministerios y alcaldías emplearon sus perfiles digitales para promocionar obras públicas, difundir mensajes políticos e incluso convocar a acciones colectivas, incluidas protestas, lo que excede la función informativa de estas cuentas institucionales.
A pesar de la obligación de neutralidad, el comportamiento de los medios públicos contrastó con el de las empresas privadas, cuyas coberturas fueron más equilibradas en cuanto al tiempo asignado a cada fuerza política. En elecciones previas, como la presidencial de 2022, según Rtvc, se documentaron sesgos similares por parte de medios privados como La FM, RCN TV, RCN Radio y El Tiempo.
Durante las legislativas de 2026, aumentó la publicidad electoral pagada en medios privados, centrada en partidos como el Centro Democrático, Alianza por Colombia, la Gran Consulta y el Partido Conservador. Además, tres páginas anónimas de Facebook invirtieron 104.000 euros en propaganda negativa contra el Pacto Histórico, sin que la plataforma lograra controlar esta práctica.
En la jornada electoral del 8 de marzo se reportaron 957 incidentes, de los cuales 632 estuvieron relacionados con presión o corrupción al elector; se detuvo a 46 personas y se incautaron 3.761 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 950.000). El Pacto Histórico obtuvo el 22,72 % de los votos al Senado, seguido por el Centro Democrático (15,62 %) y el Partido Liberal (11,71 %).
A pesar de las denuncias recientes del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades, la MOE UE calificó las elecciones como un proceso “transparente, bien organizado y preciso”, destacando el récord de participación ciudadana, la supervisión de 145 observadores internacionales y la publicación rápida de resultados preliminares por parte de la Registraduría Nacional.
La misión resaltó que, aunque hubo incidentes de violencia en zonas rurales y comunidades de difícil acceso, el clima general fue de calma y las instituciones funcionaron de manera sólida.
Petro, sin embargo, pidió mayor transparencia en mesas impugnadas y solicitó la apertura de urnas en departamentos clave donde detectó diferencias entre el preconteo y los resultados definitivos. Insistió en que abogados de escrutinio acompañen cada proceso, especialmente en regiones con discrepancias, para garantizar confianza y claridad en el escrutinio.
La MOE UE continuará en Colombia durante las elecciones presidenciales del 2026 para elaborar un informe final integral, que incluirá recomendaciones sobre reformas que fortalezcan la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral.
La misión reiteró su compromiso con la independencia, neutralidad y no interferencia, concluyendo que el proceso de 2026 mostró avances significativos en organización, participación y supervisión, aunque persisten áreas susceptibles de mejora relacionadas con la confianza ciudadana y la gestión final del escrutinio.
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