Ecopetrol, la petrolera del Estado colombiano, mostró que su acción en la Bolsa de Valores de Colombia subió un 31,68% entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, según datos de la plataforma financiera TradingView. El precio por acción llegó a 2.390 pesos colombianos, y en lo que va del año acumula una ganancia adicional del 26,79%.
En el cuarto trimestre de 2025, la empresa reportó ingresos de 28,82 billones de pesos, por encima de los 26,49 billones que esperaba el mercado. Sus ganancias por acción también superaron las proyecciones: llegaron a 48,26 pesos frente a una estimación de 43,05 pesos. En el año completo, los ingresos totales alcanzaron 119,69 billones de pesos y la utilidad neta fue de 9,01 billones de pesos.
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El presidente Gustavo Petro publicó en X un mensaje en el que destacó esos datos y respondió a quienes, desde la oposición, han sostenido que Ecopetrol está al borde de la quiebra.
Según el mandatario, esas advertencias no tienen sustento. También propuso que la empresa aproveche este momento para destinar recursos a energías limpias y a proyectos de integración energética con Venezuela y Panamá.
“Este es el movimiento de como se dispara la rentabilidad de Ecopetrol en los últimos seis meses Se debe al crecimiento del precio internacional del petróleo. Es un momento para que Ecopetrol invierta al máximo en energías limpias y, en la articulación energética con Venezuela y Panamá”, dijo Petro en X.
Pero la parte más polémica del mensaje no tuvo que ver con la petrolera sino con lo que vino a continuación.
“Buscan dañar el mega data center de Santa Marta. Se creen seguros que tendrán la presidencia de la república. Pero para eso mueven magistrados que les devuelvan centenares de millones de solares a la empresa que hace el escrutinio electoral anulando el contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal”, continuó Petro en su post
Petro afirmó que la oposición busca recuperar, a través de decisiones judiciales, el control de dos empresas estratégicas del Estado: ISA e Internexa. La primera es una de las mayores compañías de transmisión de energía eléctrica de América Latina. La segunda es su filial de telecomunicaciones, con redes de fibra óptica en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.
El Consejo de Estado anuló la elección del presidente de ISA , la empresa recibió una multa de más de 14 millones de dólares en Chile por un apagón, y su filial Internexa quedó envuelta en cuestionamientos por un contrato de 630.000 millones de pesos con el Ministerio de Ciencias.
La propia Internexa reconoció mediante una carta que su entonces representante legal participó en ese proceso sin autorización de la junta directiva, un error que varios expertos jurídicos califican de insubsanable.
Todo esto es relevante porque Internexa es también la empresa encargada de proveer conectividad al proyecto de centros de datos en Santa Marta, una iniciativa acordada entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos que contempla una inversión superior a los 80 millones de dólares. Si el control de Internexa cambia de manos o sus contratos quedan en entredicho, ese proyecto podría verse afectado.
El contrato de pasaportes y la acusación más grave
El otro frente que señaló Petro tiene que ver con los pasaportes colombianos. El gobierno canceló el contrato histórico con la empresa privada Thomas Greg & Sons, que había producido ese documento por 17 años, y firmó en julio de 2025 un nuevo convenio por 1,3 billones de pesos con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia.
La Procuraduría General demandó ese contrato argumentando que la entidad portuguesa no cumplió el requisito legal de aportar al menos el 50% del valor total del convenio. Un tribunal rechazó el recurso del gobierno y dejó en firme esa demanda de nulidad.
Petro fue más lejos en su lectura: sostuvo que detrás de las decisiones judiciales hay un interés en devolver ese contrato a manos privadas, y que esa empresa estaría vinculada al sistema de escrutinio electoral, con lo cual su reposicionamiento influiría en las próximas elecciones presidenciales. El mensaje presidencial no aportó pruebas ni referencias a expedientes concretos que sustenten esa conexión.
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