La defensa de la representante a la Cámara Karen Manrique solicitó medidas especiales de seguridad para su reclusión luego de que se hiciera efectiva la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La petición fue dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad responsable de definir el lugar de reclusión de la congresista.
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Según la defensa, la solicitud se fundamenta en amenazas reiteradas contra la integridad de Manrique, lo que, a su juicio, exige garantías adicionales mientras permanece privada de la libertad.
Una fotografía del correo enviado al Inpec, tomada por Blu Radio, muestra la comunicación oficial de la defensa solicitando estas medidas de protección.
El requerimiento fue presentado por el abogado Andrés Garzón, quien remitió comunicaciones oficiales tanto al Inpec como a la Corte Suprema para advertir sobre los riesgos de seguridad que enfrentaría la legisladora si no se adoptan medidas especiales en el centro de detención que se determine para su custodia.
Captura tras orden de la Corte Suprema
La captura de Karen Manrique se produjo luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera la medida de aseguramiento en su contra en el proceso que investiga presuntos pagos irregulares a congresistas a cambio de su respaldo para aprobar operaciones de crédito internacional promovidas por el Gobierno.
Según la investigación, estos recursos habrían sido canalizados mediante contratos vinculados a la Ungrd.
La representante se presentó voluntariamente el 12 de marzo de 2026 en la estación de Policía de Tame, Arauca, acompañada por su abogado, para cumplir la orden de detención.
La formalización de la captura estuvo a cargo de unidades de la Sijín de la Policía local y quedó registrada en video.
Solicitud de medidas especiales de seguridad
Tras su detención, la defensa insistió en la necesidad de implementar medidas especiales de seguridad para proteger la integridad de la congresista.
El abogado Andrés Garzón aseguró que Manrique ha recibido amenazas reiteradas, presuntamente provenientes de grupos armados ilegales que operan en Arauca, por lo que solicitó que el Inpec evalúe con cuidado el lugar de reclusión y las condiciones de seguridad mientras dure la detención preventiva.
“La congresista ha sido víctima de amenazas muy serias en los últimos meses”, afirmó Garzón en una entrevista con Noticias Caracol, destacando que la solicitud de medidas adicionales busca garantizar su protección en un contexto de alto riesgo.
Investigación por presunta corrupción en la Ungrd
El caso que involucra a Manrique hace parte del escándalo de presunta corrupción en la Ungrd, que ha comprometido a varios legisladores y funcionarios públicos con capacidad de decidir sobre recursos destinados a emergencias y obras públicas en regiones vulnerables del país.
Entre los congresistas citados a juicio se encuentran los senadores Wadith Manzur, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como el representante Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz.
Sin embargo, hasta ahora únicamente Manrique y Manzur han sido privados de la libertad; los demás enfrentarán el proceso judicial bajo libertad condicional.
El expediente se apoya en testimonios de exfuncionarios de la Ungrd y del Ministerio de Hacienda.
Uno de los elementos centrales es la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, quien mencionó a Manrique como una de las congresistas interesadas en asegurar contratos de la Ungrd a cambio de apoyo legislativo.
De igual forma, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, señaló que Manrique habría tenido un papel coordinador junto a otros legisladores.
Defensa niega beneficios contractuales
La defensa de Manrique ha rechazado las acusaciones y sostiene que la congresista no recibió beneficios de contratos ejecutados por la Ungrd.
Según el abogado Garzón, la participación de su defendida se limitó a impulsar proyectos para Arauca, como la rehabilitación del río Bojavá, en el marco de sus funciones legislativas.
“Hubo proyectos, no contratos. Se entregó el nombre de los enlaces correspondientes para que iniciaran gestiones ante la Ungrd, pero jamás un contratista fue asignado directamente por la congresista”, afirmó Garzón.
Además, cuestionó la credibilidad de algunos testigos, señalando que Olmedo López enfrenta investigaciones por fraude procesal, falso testimonio y falsedad documental.
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