Luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusara formalmente a varios congresistas, entre ellos Karen Manrique y Wadith Manzur, por presunto cohecho impropio en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fuentes cercanas a la senadora aseguraron que podría haber cruzado la frontera con Venezuela por vías irregulares.
Según Red+ Noticias, que aseguró haber hablado con una persona muy cercana a la senadora —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad—, Manrique se encontraba en Tame, Arauca, y la cercanía con la frontera hacía plausible su fuga.
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“Es muy posible que ya no esté. (...) que dentro de los planes siempre se barajó la posibilidad de escaparse y cuando se llevó a cabo la audiencia pasada, en la que no se tomó una decisión, ya se veía venir que esto era lo que iba a decidir la Corte Suprema de Justicia, estaban cerca de la frontera por los lados de Saravena”, afirmó la fuente consultada por Red+ Noticias.
La investigación judicial señala que Karen Manrique, en su rol dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habría participado en negociaciones para conseguir beneficios económicos a cambio de votar a favor de operaciones de crédito público promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.
Según el expediente, Manrique se alió con los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya para asegurar dichos beneficios.
El proceso investigativo señala que las negociaciones iniciaron el 26 de septiembre de 2023, con múltiples reuniones, desayunos y conversaciones entre congresistas y funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo a María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro Ricardo Bonilla. Posteriormente, se habrían definido tres proyectos de obra bajo la ejecución de la Ungrd, que constituían la contraprestación por el respaldo legislativo.
Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2023, Manrique habría entregado contactos regionales de Saravena, Arauca, para garantizar la ejecución de los proyectos, según consta en el expediente. El documento judicial precisa que en varias reuniones se exigió seguimiento y se buscó presión sobre el ministerio, incluyendo sesiones de la CICP que fueron aplazadas para favorecer el cumplimiento del acuerdo.
Medida de aseguramiento
El miércoles 11 de marzo de 2026, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas de aseguramiento contra Karen Manrique y Wadith Manzur, ordenando su reclusión en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial. Otros cuatro congresistas implicados, incluyendo Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, seguirán vinculados al proceso sin restricción de libertad.
“El amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”, indicó la providencia. La investigación incluye comunicaciones constantes de Manrique con Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y subdirector de la Ungrd en ese periodo, así como con la asesora Benavides, buscando garantizar el cumplimiento de la contraprestación acordada.
La providencia también contempla que el Congreso de la República de Colombia sea informado de la decisión, con el objetivo de suspender a los legisladores acusados mientras se adelanta el proceso judicial, conforme a los procedimientos establecidos para los procesos penales contra congresistas.
En caso de que la senadora pierda su curul por condena judicial en firme, pérdida de investidura o renuncia aceptada, el escaño sería ocupado por el siguiente candidato con mayor votación dentro de la misma lista o circunscripción electoral, según los resultados oficiales certificados por el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, la curul seguiría perteneciendo al mismo partido o lista con la que fue obtenida en las elecciones legislativas.
El expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema una vez la decisión quede en firme, para adelantar el juicio correspondiente y determinar la responsabilidad penal de los acusados en relación con los hechos investigados.
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