Así funciona la reposición de votos en Colombia y esto es lo que recibirían los candidatos de las consultas

En Colombia, cuando un partido político organiza una consulta para elegir a su candidato presidencial, o cuando las listas compiten por una curul en el Congreso, el Estado no deja solos a los participantes en materia económica.

Existe un mecanismo llamado reposición de votos: por cada sufragio válido que obtenga un candidato, el Gobierno devuelve una suma fija de dinero para ayudar a cubrir lo que se gastó en campaña. No es un premio ni un salario, es un reembolso parcial de los costos que implica hacer política en el país.

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Según la ley colombiana, el valor reconocido por voto varía según el escenario electoral. En las consultas interpartidistas —como las que se realizaron recientemente para definir candidatos presidenciales— el monto fijado es de $8.287 por voto. Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, esa cifra sube a $8.433 por voto.

Un punto que suele generar confusión es que la reposición no se calcula únicamente para el ganador de la consulta. Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, explicó al portal Asuntos Legales que todos los precandidatos participantes tienen derecho a esos recursos, cada uno en proporción a los votos que obtuvo de manera individual.

La fórmula es directa: valor por voto multiplicado por el número de votos obtenidos. El propósito, según Velásquez, es garantizar igualdad de condiciones y fortalecer la democracia interna de los partidos.

Teniendo en cuenta esa fórmula, en la Gran Consulta por Colombia, la ganadora Paloma Valencia podría recibir $26.819 millones. Le siguen Juan Daniel Oviedo con $10.404 millones, Juan Manuel Galán con $2.716 millones, Juan Carlos Pinzón con $2.466 millones, Viccky Dávila con $1.972 millones, Enrique Peñalosa con $1.346 millones, Aníbal Gaviria con $1.235 millones, David Luna con $954,9 millones y Mauricio Cárdenas con $623,9 millones.

En la Consulta de las Soluciones, Claudia López, con cerca de 574.670 votos, podría obtener $4.762 millones; Leonardo Huertas, con 44.035 votos, recibiría $364,9 millones.

En el Frente por la Vida, Roy Barreras recibiría $2.130 millones; Daniel Quintero, $1.884 millones; Edison Torres, $356,3 millones; Martha Bernal, $334,5 millones; y Héctor Pineda, $233,5 millones.

No basta con haber participado. El abogado Daniel Felipe Vega, con máster en Derecho Penal Corporativo, precisó al mismo medio que para acceder a la reposición es obligatorio presentar los informes de ingresos y gastos de campaña, no haber superado los topes de financiación fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no haber recibido recursos de fuentes prohibidas.

Si se detectan irregularidades o no se rinden cuentas, el CNE puede negar el reconocimiento de los recursos. Velásquez añadió que este mecanismo busca, precisamente, que quienes hacen campaña rindan cuentas claras sobre cada peso recibido y gastado.

Los gastos cubiertos por la reposición incluyen publicidad política, logística, transporte, eventos, material electoral, honorarios del equipo de trabajo y estrategia de comunicaciones. Los gastos personales no están reconocidos bajo ninguna circunstancia, según precisó Velásquez a Asuntos Legales.

En las elecciones legislativas aplicó una condición adicional: las listas deben obtener al menos el 50% del umbral electoral de la corporación a la que aspiran. Solo si alcanzan ese mínimo acceden a la financiación pública por cada voto obtenido. A diferencia de las consultas, el cálculo no se hace sobre resultados individuales sino sobre el desempeño de la lista completa que compite en esa elección.

Además, nadie puede recibir más de lo que efectivamente gastó. El economista Daniel Gómez aclaró ante Asuntos Legales que la norma solo reconoce la reposición hasta el monto certificado de gastos. Eso explica el caso del representante Daniel Briceño, quien advirtió que, aunque la reposición podría alcanzar $2.210 millones, su campaña habría costado cerca de $410 millones, cifra que sería el tope real de lo que podría reclamar ante el CNE.