La Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de verificación de asistencia de los ciudadanos designados como jurados de votación durante las elecciones del 8 de marzo. La revisión busca establecer quiénes cumplieron con la función asignada y quiénes se ausentaron sin justificación.
Para esta jornada electoral fueron habilitadas cerca de 800.000 personas para desempeñar el papel de jurados, encargados de atender a los votantes, realizar el preconteo y registrar los resultados en los formularios electorales, citado por Semana.
Las autoridades recordaron que el desempeño de esta función es obligatorio, ya que el artículo 105 del Código Electoral establece que el cargo de jurado de votación es de “forzosa aceptación”, de acuerdo con ese medio de comunicación.
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Tras el cierre de la jornada electoral, la Registraduría comenzó el proceso de revisión para identificar a las personas que no acudieron al puesto de votación al que fueron asignadas.
Los ciudadanos que fueron designados como jurados y no asistieron sin presentar una justificación legal pueden enfrentar sanciones económicas.
Según lo establece la normativa vigente, la multa puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una cifra que para este año se aproxima a 17 millones de pesos.
La legislación también contempla sanciones adicionales para quienes desempeñan funciones en el sector público.
En el caso de los servidores públicos que incumplan esta obligación sin una causa justificada, la normativa establece que pueden enfrentar la destitución de su cargo.
La selección de los jurados de votación se realiza mediante un proceso aleatorio organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Entre los ciudadanos que pueden ser designados para cumplir esta función se encuentran funcionarios públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de organizaciones políticas.
Los jurados cumplen un papel clave en el desarrollo de las elecciones, ya que son responsables de garantizar el funcionamiento de las mesas de votación y el registro adecuado de los resultados.
A pesar de la obligatoriedad del cargo, existen circunstancias en las que los ciudadanos pueden evitar la sanción por inasistencia.
De acuerdo con los lineamientos mencionados por la Misión de Observación Electoral (MOE), los jurados que no asistieron pueden presentar causales legales de fuerza mayor para justificar su ausencia.
Entre estas excepciones se encuentra la enfermedad grave del jurado o de un familiar directo, como cónyuge, padres o hijos.
También se contempla como causa válida el fallecimiento de alguno de estos familiares dentro de los tres días previos o el mismo día de la votación.
Otra de las situaciones que puede justificar la inasistencia está relacionada con el lugar de residencia del ciudadano designado.
En este caso, se considera una causal válida cuando la persona reside en un municipio diferente al lugar donde fue asignada para cumplir la función de jurado.
También pueden presentarse situaciones relacionadas con el proceso de inscripción de la cédula o con el lugar donde el ciudadano ejerció su derecho al voto.
Las autoridades electorales señalaron que las justificaciones deben ser presentadas ante las entidades correspondientes para que sean evaluadas dentro del proceso administrativo.
Por ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha consolidado la cifra definitiva de ciudadanos que no asistieron a cumplir la función de jurados durante las elecciones legislativas del pasado domingo.
Mientras se adelanta este proceso, la entidad también se prepara para anunciar la lista de personas que deberán cumplir esta labor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 31 de mayo de 2026.
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía revisar periódicamente las plataformas oficiales para verificar si han sido seleccionados como jurados de votación en los próximos comicios.
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