Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció un presunto fraude electoral en el proceso más reciente, han reavivado el debate sobre la transparencia del sistema de votación en Colombia.
Petro señaló supuestas diferencias entre el preconteo y los votos reales, cuestionó la seguridad del software electoral y mencionó “miles” de formularios electorales con tachaduras, sin dar pruebas que respalden sus declaraciones. Además, convocó a abogados con experiencia electoral para supervisar los escrutinios, subrayando su desconfianza en los primeros datos del proceso.
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Por su parte, la Registraduría le respondió a Blu Radio las quejas de Gustravo Petro, rechazando estas acusaciones y defendiendo la legalidad y la transparencia de los procedimientos, explicando que existen mecanismos formales para atender cualquier reclamación de votos.
El mandatario aseguró a través de sus redes sociales que percibe una “gran diferencia” entre los datos del preconteo y los votos en urna. Solicitó a los partidos políticos financiar abogados que acompañen los escrutinios “hasta el último momento”, alegando irregularidades en los formularios y entrenamiento inadecuado de jurados en regiones como el Valle del Cauca, aunque no ha presentado pruebas documentales, de acuerdo con el medio mencionado.
La respuesta oficial sobre el proceso electoral
Según la respuesta de la entidad, compartida a Blu Radio, “no existe tal diferencia de votos” y remarcó que el preconteo carece de validez jurídica, sirviendo únicamente para informar resultados preliminares a la ciudadanía.
Los datos divulgados provienen de las actas E-14, que llenan los jurados al finalizar la jornada. A partir de estas, se realiza el escrutinio de mesa, el primer nivel de verificación formal. El proceso continúa en instancias auxiliares, municipales, departamentales y nacionales, bajo supervisión estricta.
La Registraduría enfatizó que cualquier inconformidad es canalizada a través de procedimientos oficiales de revisión. Detalló, según el medio ya citado, que la labor de los jurados es esencial en la primera revisión y que existen mecanismos adicionales de control y vigilancia en cada etapa.
La legislación colombiana establece pasos específicos para quienes deseen impugnar los resultados electorales. El Código Electoral Colombiano de 1986 determina que la vía correcta es la “reclamación”, definida en los artículos 122 y 192 del mismo.
Solo los candidatos, sus abogados apoderados o testigos electorales debidamente acreditados pueden presentar reclamaciones ante las comisiones escrutadoras, como reiteró la entidad electoral.
Estas reclamaciones deben formularse por escrito, detallando las mesas, puestos y zonas cuya revisión se solicita, ya que la ley no permite solicitudes genéricas.
Además, toda petición debe ser razonada y apoyada en causales legales, como la presencia de tachaduras en formularios electorales o diferencias iguales o mayores al 10% entre votos de listas del mismo partido o grupo político.
La decisión final sobre el recuento la toma exclusivamente la comisión escrutadora, conformada por jueces y notarios, quienes dejan constancia de cada determinación y aseguran que la revisión se realice solo en la etapa correspondiente, sin repetirse en fases posteriores.
Una vez que la comisión escrutadora decide sobre una mesa y concluye la revisión, el proceso queda cerrado para ese caso, marcando el final del curso legal de reclamaciones sobre dichos votos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró públicamente la identificación de nuevas señales de fraude electoral tras las recientes elecciones legislativas, pese a que su coalición, Pacto Histórico, obtuvo la mayoría en la Cámara Alta con más de 4.4 millones de votos y un 22,7% del total emitido.
Las declaraciones, realizadas en la red social X, vinculan la denuncia a un presunto despojo de curules en departamentos puntuales y anticipan consecuencias legales y de supervisión directa durante el proceso de escrutinio.
En mensajes sucesivos, Petro afirmó que la presunta manipulación tendría como fin “tumbar curules” del Pacto Histórico, especialmente en regiones como Nariño, Santander, Sucre, Atlántico y Bogotá, e instó a las agrupaciones políticas a desplegar abogados con experiencia en cada comisión escrutadora. Según su llamado, “debe haber un abogado por lo menos por comisión escrutadora”.
El mandatario enfatizó: “Más señales de fraude electoral. Lo hacen con exactitud para tumbar curules. Los partidos pueden enviar abogados con experiencia. Debe haber un abogado por lo menos por comisión escrutadora. Nariño, Santander, Sucre, Atlántico, Bogotá. Ojo“.
En otra comunicación, Petro señaló que esas irregularidades no se limitan a un departamento concreto, sino que se presentan en todo el país a través de quejas sobre la discrepancia “entre el preconteo y los escrutinios”, concepto clave para comprender tanto la magnitud como la naturaleza de sus acusaciones.
El presidente reclamó la presencia voluntaria de abogados “con experiencia electoral” para vigilar las mesas en todas las regiones.
El jefe de Estado también pidió la intervención del registrador nacional, Hernán Penagos, solicitando el retiro del registrador del departamento de Córdoba, tras la denuncia de presunta compra de votos por parte de la candidata Cristina Muñoz.
Petro puntualizó: “Como lo dije antes, le solicito al señor registrador retirar al registrador de Córdoba“.
Adicionalmente, Petro exigió la reapertura de las urnas en todas las mesas impugnadas y un reconteo exhaustivo. En sus palabras, “toda mesa impugnada debe generar reconteo de votos, cuando los corruptos no quieren que se abran las urnas es porque saben que el preconteo falsea los votos y en las urnas está la verdad”. El presidente reiteró la necesidad de que “los abogados de escrutinio deben estar al frente de las mesas y hacer abrir urnas donde hay impugnaciones”.
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