Casi 7 años después de que la congresista Aida Merlano Rebolledo se fugara de un consultorio médio en medio de un permiso otorgado por los directivos de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, la Procuraduría dejó en firme la sanción contra varios funcionarios del centro de detención.
El Ministerio Público ratificó en la tarde del martes 10 de marzo en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para tres exfuncionarios de la cárcel, tras constatar que incurrieron en graves irregularidades durante el traslado y custodia de la excongresista.
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La decisión afecta directamente a Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien era directora del penal durante el escape. El ente de control comprobó que fue ella quien entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitió la salida de Merlano hacia el Centro Médico de La Sabana para un procedimiento dental.
Todo habría ocurrido sin autorización formal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sin prever las medidas de seguridad necesarias.
En la misma resolución, la Procuraduría impuso idéntica sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas.
De acuerdo con la investigación, Álvarez Cárdenas avaló la remisión médica de la interna sin garantizar el mínimo de seguridad que se exige en estos casos.
Katherine Lozano Forero, exsubdirectora del penal, también resultó destituida e inhabilitada por una década. Su responsabilidad, según la Procuraduría, radica en haber aprobado los traslados médicos de Merlano el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019, fechas clave en la planificación de la fuga.
En cuanto al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, la entidad determinó una sanción de suspensión por tres meses. El motivo fue permitir un encuentro familiar entre Merlano y sus hijos durante una cita médica, lo que representó otra violación a los protocolos de seguridad.
Razones detrás de las sanciones y gravedad de las faltas
En su pronunciamiento, el Ministerio Público señaló que los servidores públicos involucrados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que exige la ley. Estas faltas, según la autoridad, afectaron la confianza en la administración penitenciaria y permitieron la evasión de la excongresista.
La Procuraduría calificó las conductas de la exdirectora y el excomandante de custodia como “gravísimas cometidas con dolo”. Sobre la exsubdirectora, la falta fue tipificada como gravísima, atribuida a culpa gravísima. En el caso del exdragoneante, el comportamiento fue considerado grave con culpa grave.
La resolución de la Procuraduría confirma que la fuga de Merlano no solo fue posible por la acción directa de la excongresista, sino también por una cadena de omisiones y decisiones irregulares de quienes debían custodiarla. El fallo es de segunda instancia y, por tanto, queda en firme.
De esta forma, la Procuraduría busca sentar un precedente frente a la obligación de los servidores públicos de cumplir con los protocolos y velar por la seguridad en el manejo de las personas privadas de la libertad.
Lo nuevo del caso Aída Merlano
El caso contra el empresario barranquillero Julio Gerlein entró en la fase de juicio por el presunto soborno de Aida Merlano, exsenadora y figura clave en la investigación sobre corrupción electoral en la Costa Caribe.
El proceso penal, radicado en Bogotá el 2 de febrero de 2026, gira en torno a la acusación de que Merlano habría recibido ofrecimientos de hasta 500 millones de pesos durante su reclusión, con el objetivo de influir en sus declaraciones ante la justicia y evitar que implicara a influyentes clanes políticos del Caribe colombiano.
En la acusación formal, la Fiscalía General de la Nación describe una supuesta estrategia coordinada para comprar el silencio de Merlano mientras permanecía privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.
Entre las pruebas presentadas, el ente acusador sostiene que el 28 de septiembre de 2018, el abogado Diego Luis Muñetón visitó a Merlano y le ofreció “la suma de 500 millones de pesos” para cubrir tanto gastos médicos de su hijo menor como los honorarios de sus abogados.
Ese dinero, según la fiscalía, sería la primera entrega documentada y se pactó a cambio de que Merlano guardara silencio o modificara sus declaraciones ante las autoridades, evitando así mencionar a los hermanos Arturo y Alejandro Char.
El escrito judicial detalla que las visitas de Muñetón al penal se repitieron al menos en tres ocasiones —28 de septiembre de 2018, 9 de agosto de 2019 y 3 de septiembre de 2019— y que los ofrecimientos económicos resurgían cada vez que se acercaban declaraciones claves ante la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Teodoro Antonio Deyongh habría realizado dos visitas adicionales para insistir en las condiciones del soborno. En el expediente consta que las directrices transmitidas a Merlano incluirían mensajes presuntamente enviados por Alejandro Char, donde este solicitaba que la exsenadora “no dijera nada en contra de Alejandro Char y de Arturo Char en la diligencia y declaración juradas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.
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