Petro le dejará graves problemas de dinero al próximo Gobierno: salario mínimo y gasto “perjudican a quienes invierten y a endeudados”

El cierre fiscal de 2025 en Colombia dejó cifras que preocupan a los analistas y a las autoridades económicas. Aunque el déficit general presentó una leve reducción frente a años anteriores, el déficit primario, indicador que excluye el pago de intereses de la deuda, mostró un deterioro notorio. Según el análisis del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el país enfrenta una brecha de cerca de $30 billones que pone en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas rumbo a 2026.

De acuerdo con el presidente de la entidad, Juan Carlos Ramírez, la estructura de ingresos y gastos para 2026 no es suficiente para corregir el rumbo. El gasto público se mantiene por encima de lo que permite una reducción del déficit, mientras los ingresos fiscales no alcanzan para cubrir los compromisos del Estado. Además del déficit, persisten presiones sobre el presupuesto por rubros como el gasto social, la inversión pública y el pago de pensiones.

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Las proyecciones del Ministerio de Hacienda para 2026 anticipan una reducción del déficit primario, pero el Carf advierte que los programas actuales no permiten cerrar la brecha. El cambio de gobierno previsto para este año suma incertidumbre y obliga a replantear las decisiones fiscales. En diálogo con Infobae Colombia, Ramírez detalló los desafíos que enfrenta la economía colombiana y explicó por qué el ajuste es necesario para evitar riesgos mayores.

El Carf acaba de emitir un pronunciamiento sobre el cierre fiscal de 2025. ¿Cuáles son los principales hallazgos?

El pronunciamiento se centra en el cierre de la situación fiscal del año anterior. Lo que encontramos es que, aunque el déficit general disminuyó, el déficit primario aumentó. El motivo principal es el incremento de los gastos y la reducción de los ingresos por intereses, consecuencia de las operaciones de crédito gestionadas por el Ministerio de Hacienda. El gasto primario y el déficit primario, que funcionan como indicadores estructurales de la salud fiscal, se deterioraron.

Frente a la programación fiscal para 2026, el Gobierno plantea una mejora, pero con los programas de ingresos y gastos tal como están, resulta insuficiente. Los gastos siguen siendo superiores a lo apropiado para reducir el déficit primario y la brecha es del orden de $30 billones.

¿Cómo impacta esta situación en el ciudadano común?

Es crítico porque dificulta cumplir con los compromisos del presupuesto nacional. Esto afecta la administración pública, la inversión pública y el gasto social. Además, implica una presión para aumentar el endeudamiento del Gobierno, lo que genera dificultades a mediano plazo y presión sobre el mercado financiero y las tasas de interés. Esto perjudica a quienes invierten y a quienes se endeudan.

El mayor gasto y el déficit primario presionan las tasas de interés y dificultan el acceso a crédito para la ciudadanía.

¿Un déficit creciente puede llevar a una situación extrema para el país?

Si no se corrige en el mediano plazo, podría generarse una situación crítica. Aún estamos dentro de márgenes relativamente manejables, pero el próximo gobierno tendrá que adoptar medidas coyunturales y estructurales relacionadas con ingresos, gastos y endeudamiento.

Faltan pocos meses para el cambio de gobierno. ¿Qué puede hacer la próxima administración? ¿Se requiere una reforma tributaria?

Las medidas deben ser una combinación de tres elementos.

Primero, buscar mayores ingresos, principalmente tributarios, pero también los derivados de las empresas industriales y comerciales del Estado, en particular Ecopetrol. Segundo, racionalizar los gastos, especialmente los de operación, funcionamiento y transferencias.

Tercero, presentar un plan fiscal creíble ante quienes compran bonos del Gobierno y otorgan créditos, para así reducir las tasas de interés y mejorar el balance fiscal a mediano plazo.

¿Le preocupan las tasas de interés a las que se endeuda el Estado?

Naturalmente, ese es uno de los aspectos más preocupantes. La presión sobre el mercado financiero es alta y obliga a destinar cada vez más recursos al servicio de la deuda. Unas tasas de interés altas pueden compensarse con un crecimiento económico fuerte, pero no es el escenario que estamos viendo.

El crecimiento económico no es suficiente para absorber el impacto de tasas elevadas, lo que limita el margen de maniobra fiscal.

¿Qué evaluación hace sobre la cláusula de escape de la regla fiscal aplicada por el Gobierno?

La cláusula de escape está prevista por la ley para circunstancias críticas. La debilidad principal de la economía colombiana está en las finanzas públicas, por lo que consideramos que el ajuste debía concentrarse en ingresos y gastos, más que en recurrir a la cláusula de escape.

El Gobierno estableció una senda de regreso al cumplimiento de la regla fiscal, pero calculamos una brecha de $30 billones para poder cumplir con esos parámetros este año. Si no se realiza ese ajuste, el retorno a la regla fiscal será mucho más exigente y complicado en los próximos años.

¿Cómo puede enfrentar el próximo gobierno esa situación?

Se requiere un ajuste en ingresos y gastos, un plan fiscal serio y creíble que permita bajar las tasas de interés a las que se endeuda el sector público y un programa de crecimiento económico acelerado en el corto plazo para obtener mayores recaudos. El desafío es equilibrar la necesidad de financiamiento sin afectar la confianza de los mercados.

Hay expectativas por la presentación del Plan Financiero que debía presentar el Gobierno en febrero. ¿Qué espera el Carf?

Ha sido una buena práctica que el Gobierno ajuste el Plan Financiero a comienzos de año, pero aún no se ha presentado. Esperamos que ocurra pronto, porque eso permite tanto a la opinión pública como a los agentes económicos especializados tener una visión sobre la situación de las finanzas públicas. Por ahora, estamos a la expectativa.

Usted mencionó presiones adicionales sobre el gasto público, como el aumento del salario mínimo y la reforma pensional. ¿Qué análisis hace?

Observamos al menos cuatro presiones adicionales este año, que todavía no se reflejan plenamente en los presupuestos. Estas incluyen el impacto de la reforma al sistema pensional, las presiones sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el aumento del salario mínimo. Estimamos que solo este último podría agregar entre $3 y $5 billones al gasto público en 2026.

El incremento del salario mínimo sumará hasta $5 billones al gasto estatal y afectará el sistema de pensiones.

¿Ve riesgos de que el país entre en una situación de quiebra o default?

Si las circunstancias no se corrigen, existe el riesgo de llegar a una situación crítica. Aunque los márgenes actuales permiten manejar el escenario, se necesita una acción decidida por parte del próximo gobierno para evitar complicaciones mayores en los próximos años.

¿Qué papel juega la credibilidad ante los mercados en la gestión fiscal?

La credibilidad del plan fiscal es fundamental para que los mercados confíen en el país y reduzcan las tasas de interés a las que se financia el Gobierno. Sin esa confianza, el costo del endeudamiento seguirá aumentando y la presión sobre las cuentas públicas será mayor.

Un plan creíble ante los acreedores permite reducir el costo de la deuda y mejorar el balance fiscal.

¿Qué recomienda el Carf como medidas inmediatas y de mediano plazo?

En el corto plazo, recomendamos ajustar tanto los ingresos como los gastos, y diseñar un plan fiscal robusto y creíble. A mediano plazo, es esencial fomentar el crecimiento económico para ampliar la base tributaria y garantizar la sostenibilidad fiscal. El reto es lograr que estos ajustes no impliquen recortes bruscos en inversión social o desarrollo.