La Corte Constitucional frena expulsión de estudiante que denunció racismo en su colegio: fijó reglas para casos similares

La Corte Constitucional ordenó reintegrar —si así lo decide— a un estudiante de 12 años que perdió su cupo escolar después de denunciar actos de racismo dentro de su colegio.

En la sentencia T-513 de 2025, el tribunal concluyó que la institución educativa vulneró sus derechos fundamentales y estableció criterios que deberán aplicarse en situaciones similares en el sistema educativo colombiano.

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El caso comenzó cuando el menor, identificado como “Carlos” para proteger su identidad, acudió a la justicia a través de una acción de tutela presentada por su madre contra la Institución Educativa La Esmeralda y la Secretaría de Educación del municipio donde estudiaba. Según la familia, el estudiante sufrió durante años comentarios racistas de compañeros y también de algunos profesores.

De acuerdo con el expediente, el adolescente estudió en ese plantel desde preescolar hasta séptimo grado. Durante ese tiempo —según la tutela— recibió burlas relacionadas con su raza y con su condición médica, ya que fue diagnosticado con hidrocefalia. La madre relató que esas situaciones lo llevaron a volverse “retraído y aislado”, además de presentar episodios de depresión y baja autoestima.

Entre los hechos denunciados se mencionan expresiones despectivas por parte de compañeros y también comentarios de docentes. El documento judicial recoge que un profesor lo habría llamado “negro” y que una docente se habría negado a permitirle el acceso al aula de informática, mostrando rechazo por su color de piel.

La familia afirmó que en varias ocasiones acudió a directivos del colegio para pedir la activación de protocolos contra la discriminación. Sin embargo, según la tutela, las rutas institucionales nunca se activaron y las agresiones continuaron.

El conflicto que terminó con la pérdida del cupo

La situación escaló el 17 de octubre de 2024, cuando el estudiante tuvo un enfrentamiento con otros compañeros. Durante ese incidente, uno de ellos le pidió dinero argumentando que “era enfermo y le regalaban las notas”. Tras negarse, otro estudiante insultó a la madre del menor con expresiones racistas, lo que desencadenó una pelea física.

Después de ese episodio, el colegio inició un proceso disciplinario contra los estudiantes involucrados. En ese trámite, la institución decidió no renovar el cupo del menor para el año académico siguiente. Cuando su madre intentó realizar la matrícula en línea, el sistema mostraba el mensaje: “perdió su cupo”.

La institución educativa sostuvo que no existían denuncias formales de racismo en sus archivos y que la pérdida del cupo estaba relacionada con las conductas disciplinarias del estudiante. No obstante, la Corte encontró irregularidades en el procedimiento.

Qué encontró la Corte Constitucional

Al revisar el caso, la Sala Primera de Revisión concluyó que el colegio vulneró el derecho al debido proceso y también incurrió en actuaciones discriminatorias.

Según el fallo, mientras las denuncias de racismo no fueron investigadas con rigor, el proceso disciplinario contra el estudiante sí se adelantó con severidad. El tribunal también señaló que el colegio no evaluó de manera completa el contexto de discriminación que el menor había denunciado.

Además, la Corte determinó que la sanción aplicada fue desproporcionada, incluso frente a la recomendación del propio Comité de Convivencia del colegio, que había sugerido una medida menos drástica.

El tribunal también cuestionó que la institución exigiera denuncias formales para activar protocolos contra el racismo. En la sentencia se señala que el colegio “no investigó diligentemente, no documentó ni adoptó medidas de protección” frente a los reportes del estudiante.

Respecto a la Secretaría de Educación municipal, la Corte concluyó que su actuación fue limitada, ya que reaccionó solo después de las denuncias y no adoptó medidas preventivas.

Las órdenes y el precedente

Como resultado del fallo, la Corte protegió los derechos del estudiante y ordenó que pueda ser reintegrado al colegio si así lo decide.

Además, el tribunal dispuso varias medidas para evitar que situaciones similares se repitan. Entre ellas, ordenó a la institución educativa realizar un acto pedagógico público contra el racismo, ajustar su manual de convivencia y garantizar que los protocolos de atención se activen incluso cuando las denuncias se hagan de forma verbal.

La sentencia también ordena a la Secretaría de Educación diseñar un protocolo específico para atender casos de discriminación racial en los colegios.

A nivel nacional, la Corte exhortó al Ministerio de Educación a fortalecer la implementación de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes y a crear un módulo específico sobre discriminación étnico-racial dentro del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.