La Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado que un juez penal de control de garantías de Bogotá judicializó e impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario al excandidato al Senado por el Partido de la U Freddy Camilo Gómez Castro, que fue capturado el 8 de marzo de 2026, durante las elecciones legislativas. Se le señala de hacer parte de una red de corrupción que favoreció a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el “zar del contrabando”.
Junto con el político, otros cuatro exintegrantes de la Policía Nacional fueron cobijados con la medida de aseguramiento intramural:
- Capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros
- Patrullero (r) José Luis Olaya Caicedo
- Patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido como “Zorro”.
- Patrullero (r) Édgar Humberto Bacca
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Las investigaciones adelantadas hasta el momento por la Fiscalía indican que los procesados hicieron parte de una red de corrupción que ayudó a que se ejecutaran actividades de contrabando de alias Papá Pitufo. Su actuar ilícito sirvió para garantizar el ingreso irregular de mercancías en los puertos del Caribe. Esto, a cambio de beneficios económicos (a los que llamaban cachetadas) que alcanzaban los $300 millones.
“Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”, detalló el ente acusador.
Por otro lado, según la Fiscalía, el capitán en retiro Salazar Piñeros, que fungió como jefe de la División Operativa de la Polfa en Cartagena, habría intervenido en el direccionado a algunos subalternos para lograr que mercancía de contrabando salieran de los puertos. De esta manera, productos como textiles y cigarrillos que no tenían documentación aduanera ni permisos completos llegaron a distintas ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela; fueron trasladados por vía terrestre.
El ex jefe de la división de la Polfa también habría ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida por las autoridades. Esto, mientras los productos eran trasladados en las carreteras del departamento del Atlántico. Aunado a ello, habría pagado el arriendo de un apartahotel en Cartagena para que un presunto miembro de la red de corrupción se hospedara allí; el huésped sería un mayor de la Policía.
Sobre el patrullero (r) Olaya Caicedo, el ente acusador identificó que, presuntamente, habría perfilado a uniformados de la Polfa que podrían hacer parte de la red criminal. También habría recolectado dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas.
El patrullero (r) Juan Miguel Jaramillo Mora se habría encargado de “dinamizar” la entrega de dinero a los involucrados, entre ellos, un uniformado que actuaba como agente encubierto, el cual recibió $34 millones. “Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo”, precisó.
De igual manera, el patrullero (r) Édgar Humberto Bacca habría estado involucrado en el ingreso de mercancía de contrabando, como cacharrería y cigarrillos, por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Presuntamente, dio instrucciones a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le informaran sobre productos que no debían ser registrados.
“Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto”, explicó la Fiscalía.
Así las cosas, el excandidato al Senado fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Los patrulleros (r) y el capitán en retiro también fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, pero a Salazar Piñeros se le adicionó el delito de influencias de servidor público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
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