El general Juan Miguel Huertas volverá a ejercer sus funciones como jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional de Colombia, tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de no extender la suspensión temporal que le había impuesto mientras se resolvía una investigación disciplinaria.
Esta determinación habilita el regreso del oficial, pese a que la indagación sobre sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc continúa activa, un proceso que mantiene consecuencias potenciales sobre su situación jurídica y su carrera dentro de la institución, según informó el ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, en rueda de prensa.
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El caso contra Huertas se centra en acusaciones sobre el supuesto suministro de códigos de frecuencia radial de la fuerza pública y un posible apoyo para la creación de empresas de seguridad, que habría facilitado la legalización de armas con el objetivo de preparar a diferentes actores ante una eventual ruptura de los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados.
Junto a Huertas, Wilmer Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), permanece bajo investigación disciplinaria por hechos similares.
Al concluir el periodo inicial de tres meses de suspensión preventiva, la Procuraduría General de la Nación resolvió que la permanencia de Huertas en su cargo “no afecta o interrumpe o interfiere la investigación que se está desarrollando”.
El ministro Pedro Sánchez señaló, en rueda de prensa, que la decisión se adoptó “acatando absolutamente todas las normas, todo el debido proceso, todo lo que cada colombiano tiene ese derecho”. Y aclaró que la medida contra Huertas fue una suspensión temporal, no un retiro definitivo ni un llamado a calificar servicios.
Actualmente, la investigación disciplinaria sigue en curso, con la recopilación activa de pruebas documentales y testimoniales. El objetivo es evaluar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura formal de un pliego de cargos y, eventualmente, un juicio disciplinario.
Desde noviembre de 2024, tras la difusión del escándalo, Juan Miguel Huertas negó de manera enfática cualquier relación, colaboración o acuerdo con estructuras armadas ilegales, en particular con las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. En un comunicado oficial, el militar declaró: “Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las Farc, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”.
El oficial acusó que “las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.
A propósito, sostuvo que era “materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales”, argumentando que, durante su periodo de retiro previo al reintegro, no disponía de esquema de seguridad ni de vehículo oficial.
El general Huertas ya había abandonado el Ejército Nacional durante la presidencia de Iván Duque, periodo en el que surgieron nuevos señalamientos sobre su presunto asesoramiento a las disidencias de Calarcá, relacionadas con la obtención de protección legal a través de empresas de vigilancia ubicadas en el occidente colombiano.
Persiste la investigación contra Wilmer Mejía, directivo de inteligencia de la DNI
Por las mismas acusaciones enfrenta investigación disciplinaria Wilmar Mejía, actual director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un proceso que también prioriza la recolección de pruebas documentales y testimoniales para establecer posibles responsabilidades.
La atención permanece fijada sobre el desarrollo de estas investigaciones y el eventual desenlace, que podría determinar responsabilidades administrativas y disciplinarias para los oficiales implicados, conforme avance el proceso establecido por las autoridades competentes.
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