Estas son las propiedades de los candidatos capturados durante las elecciones del 8 de marzo: salió a relucir contrato con el Estado

La captura de dos candidatos al Congreso de la República durante las elecciones legislativas del 8 de marzo marcó un nuevo episodio de alerta sobre la transparencia política en Colombia. Las autoridades incautaron sumas en efectivo y detectaron propiedades y contratos estatales, dentro de investigaciones por presunta corrupción y compra de votos.

Durante estas detenciones, se incautaron entre $15 y $20 millones en efectivo a uno de los candidatos, mientras que se identificaron dos propiedades y un contrato estatal sin valor consignado asociado al otro. Los registros patrimoniales estatales consultados no incluyen bienes ni antecedentes a nombre de Freddy Camilo Gómez Castro, mientras que Víctor Hugo Moreno Bandeira aparece con bienes en Cali y un historial de actividades legales diversas.

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Bienes y antecedentes de Víctor Hugo Moreno Bandeira

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas del Centro Democrático, figura como propietario de dos inmuebles: un apartamento y un garaje localizados en la calle 13A #85-20 en Cali, Valle del Cauca. Las propiedades están debidamente inscritas a su nombre, sin que se hayan encontrado más registros patrimoniales en otras bases oficiales, como Función Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la Nación.

Moreno Bandeira fue capturado cerca del aeropuerto de Leticia, en el Amazonas, el sábado 7 de marzo, previo a las elecciones, cuando fue hallado con cerca de $20 millones en efectivo dentro de su vehículo, según la Fiscalía. Las autoridades informaron que el candidato habría ofrecido este dinero a los uniformados para evitar la incautación, hecho que fue objeto de investigación judicial tras su liberación.

De acuerdo con Datos Abiertos, en 2019 Moreno Bandeira tuvo un contrato con la Corporación para el Desarrollo Sostenible Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), con el objeto de entregar 40 metros cúbicos de madera destinada a viviendas indígenas en Mocoa. Sin embargo, “la vinculación no tiene un valor económico establecido”, puntualiza la plataforma.

El perfil público del candidato, según Congreso Visible, le atribuye formación como abogado en la Universidad Santiago de Cali y especialización en Frontera y Relaciones Internacionales por la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). En su trayectoria incluye la Gobernación del Amazonas (2018-2019) y un periodo previo en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal entre 2010 y 2014.

El Centro Democrático solicitó “adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”, de acuerdo con su comunicado oficial publicado ante la captura.

Patrimonio y situación legal de Freddy Camilo Gómez Castro

En el caso de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U, los registros de Función Pública, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación no arrojan bienes, declaraciones patrimoniales ni antecedentes asociados a su nombre. No obstante, en su trayectoria pública incluye el nombramiento hecho en 2015 como director del Instituto para la Economía Social durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

La Fiscalía comunicó que Gómez Castro fue capturado al ejercer su derecho al voto en un punto electoral de Engativá, Bogotá, con lo que siguió una orden judicial derivada de investigaciones de alto nivel. Conforme reportó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), “Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”.

La investigación revela que Gómez Castro es señalado como presunto “articulador de una red de corrupción”, cuyo fin era facilitar actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o alias El Viejo. Según la Fiscalía, “los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”.

Por la misma causa también fueron capturados exintegrantes de la Policía Nacional, a los que se les atribuye haber identificado posibles colaboradores dentro de la institución para la citada red. Todos enfrentarán cargos formales por cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Investigaciones y pronunciamientos oficiales sobre corrupción electoral

La jornada electoral estuvo rodeada de denuncias reiteradas sobre compra de votos y delitos afines. El presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X: “Candidato capturado con $20 millones en efectivo en proceso de compra de votos”, con lo que enfatizó en la gravedad del caso y la urgencia de combatir el fraude electoral.

Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso la existencia de una grabación que implicaría al registrador del departamento de Córdoba (Córdoba cuenta con dos delegados de la Registraduría: Diego Sepúlveda Argaez y Fabián Enrique Daza Morales) en supuestos actos ilícitos. “El registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo $100 millones por 1.000 votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido”, indicó.

El Centro Democrático, por medio de un comunicado, remarcó que “solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”.

Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación resaltó la coordinación y el ambiente de presión en que se desarrollaron los operativos judiciales, mencionando la proliferación de esquemas de corrupción diseñados para alterar la voluntad popular.