
En la jornada electoral del 8 de marzo, los colombianos decidieron qué personas conformarán el Congreso de la República; además, se definieron los tres candidatos que se sumarán a la primera vuelta presidencial tras las consultas de derecha, centro e izquierda.
A pesar de la importancia que tienen los comicios legislativos, una de las noticias negativas de la jornada es que el abstencionismo superó el 50%, lo que refleja el poco interés que tenía la ciudadanía por las consultas y por la conformación del Senado y la Cámara de Representantes.
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Este panorama hizo que se reabra el debate sobre la posibilidad de que en Colombia sea obligatorio participar de las jornadas de votación.
Esto opinan expertos al respecto

El analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches afirmó que lo registrado el 8 de marzo es un reflejo de la realidad del país.
“Esto refleja que tenemos una cultura política demasiado débil, con ausencia de pedagogía electoral, sin contar los votos nulos y no marcados, que entran a ser parte de la cifra que solo revela que nuestra estructura política todavía tiene demasiado por crecer”.
Wilches indicó que la propuesta de que sea obligatorio votar no sería algo positivo, puesto que solo generaría que la compra de votos se convierta en un problema más grande para el futuro.
“No sería una medida indicada; aumentaría el nivel de clientelismo y de amenazas en regiones del país en las que la institucionalidad no está garantizada. En el centro generaría una compra y una repartición más fuerte, un apetito por candidaturas y por estar en puestos en los que se tendrían más votos. La reposición se elevaría demasiado”.
Por su parte, Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, habló de los aspectos positivos que tendría una medida de esa índole.
“Hay tres aspectos positivos y negativos de un voto obligatorio. Un voto obligatorio aumenta la participación y sería un mecanismo de legitimidad de los resultados; un voto obligatorio elimina eso de que las personas digan que no están representadas por no participar”.
Sin embargo, Garzón anticipó que obligar a votar no sería una solución final, puesto que la ciudadanía podría adoptar un comportamiento ligado a anular su participación en los comicios.
Lo negativo es que podría aumentar la cantidad de votos desinformados, de los votos nulos; se podría estar reemplazando la abstención con una participación, llamémosla superficial. El voto obligatorio puede ser una herramienta eficaz para tratar de combatir el abstencionismo, pero para nada es una forma milagrosa de curar los problemas".

La profesora de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, Mariana Ramos Algarra, indicó que el debate sobre la implementación del voto obligatorio en Colombia suele resurgir cada vez que se registran niveles altos de abstención electoral. Sin embargo, explicar la baja participación únicamente por la ausencia de una obligación jurídica puede resultar una lectura simplificada de un fenómeno mucho más complejo.
“La abstención electoral en el país está asociada a factores estructurales: una persistente desconfianza en las instituciones, la percepción de que el voto tiene una capacidad limitada para generar cambios reales, la debilidad organizativa de muchos partidos políticos y una cultura de participación que históricamente ha sido irregular. En ese contexto, introducir el voto obligatorio podría elevar formalmente las cifras de participación, pero no necesariamente fortalecer la calidad de la democracia ni la legitimidad del sistema político”.
Algarra mencionó que las experiencias comparadas en América Latina muestran que el voto obligatorio suele aumentar las tasas de participación electoral. No obstante, también evidencia ciertos efectos secundarios, como votaciones poco informadas, decisiones tomadas sin mayor deliberación o una participación motivada únicamente por evitar sanciones legales.
“En el caso colombiano, el desafío parece ir más allá de la discusión sobre obligatoriedad. El verdadero reto consiste en reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones, fortalecer la representación política y promover una participación más informada y significativa. Esto implica fortalecer partidos políticos, incentivar la rendición de cuentas y consolidar canales efectivos de conexión entre ciudadanía y sistema político”.

A nivel legal, el abogado Johan Montenegro indicó que en la región, países como Perú, que han obligado a sus ciudadanos a votar, tienen síntomas de inestabilidad electoral mucho mayores que los de Colombia. Además, resaltó las denuncias que realizó el presidente Petro como algo negativo.
“Yo creo que debemos avanzar, no en la obligatoriedad del voto, pero sí en campañas más transparentes, controles más efectivos respecto al ejercicio del voto. Tuvimos un fenómeno anormal o atípico, a diferencia de otros procesos electorales, y es que el presidente de la República torpedeó el proceso todo el tiempo, anunciando procesos de corrupción en el software y en otros elementos de las elecciones democráticas”.
El jurista resaltó que los procesos electorales de Colombia han sido seguros, orgánicos y rápidos, pero han sido afectados por la desinformación política.
“En esta elección tuvimos varios casos de asonadas, hechos de violencia. Quedó registrada una transhumancia electoral por parte del ELN, queriendo llevar gente de Venezuela a votar a Cúcuta. Tenemos un hecho atípico: un presidente torpedeando las elecciones, hechos de violencia torpedeando las elecciones, que claramente nos pueden llevar a entender que el camino no es obligar a votar. El camino es institucionalizar las vías democráticas para que Colombia pueda seguir avanzando como lo que ha sido: una democracia estable e institucional”.

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