
Las campañas electorales en Colombia rumbo a 2026 han puesto en evidencia nuevas dinámicas en el comportamiento de los votantes, donde factores como los sesgos cognitivos, la polarización digital y emociones como el miedo y la ira influyen en las decisiones políticas.
En ese sentido, un análisis desde la psicología política, realizado por expertos de la Universidad de La Sabana, examinó cómo estos elementos transforman el escenario electoral y afectan la convivencia democrática.
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El informe destaca que en las semanas previas a las elecciones, la intensidad del debate público aumentó considerablemente, provocando que se registrara algo similar con las manifestaciones de intolerancia política y la circulación de videos que registran enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes corrientes ideológicas que se han multiplicado en redes sociales.
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Para Camilo Rincón Unigarro, psicólogo y magíster en psicología con especialización en psicología política, la visión tradicional del voto como un acto racional ha cambiado. “Las personas no votan exclusivamente desde la lógica ni desde la emoción, sino desde distintos niveles de procesamiento de información que resultan adaptativos”, sostiene el académico, que aseguró que el comportamiento electoral oscila entre varios grados de racionalidad, donde los sesgos adquieren un papel central.
Uno de los fenómenos identificados es la baja disposición de los votantes para consultar programas y planes de gobierno. Según Rincón, el hábito de informarse en profundidad antes de votar es poco frecuente. “La gente hace de todo menos leer el plan de gobierno”.
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Para el experto, en la actualidad, el exceso de información disponible y el tiempo limitado llevan a que las personas recurran a atajos cognitivos, lo que puede considerarse una estrategia de supervivencia.
“Nadie vota de forma racional, nadie lo hace. La racionalidad perfecta no es una condición real del comportamiento humano en política”, indicó Rincón.

La polarización digital también propicia el surgimiento de burbujas de filtro que aíslan a los usuarios y dificultan el pensamiento crítico, alentando el extremismo y consolidando posiciones.
Frente a este panorama, han surgido iniciativas que buscan reducir la confrontación política, como las implementadas por la organización Deliberación, Innovación y Política (DIP). Estas estrategias incluyen ejercicios de empatía y exposición a narrativas de contacto positivo entre personas de diferentes ideologías. Sin embargo, la evidencia experimental indica que su impacto es limitado. Los sesgos no desaparecen, aunque pueden ser orientados a posturas que favorezcan la convivencia.
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En el análisis de las emociones que movilizan el voto, la investigación de la Universidad de La Sabana resalta el rol predominante del miedo y la ira. “Los sentimientos negativos tienen mayor capacidad para movilizar el electorado que las campañas que apelan a la esperanza”, advirtió Rincón, recordando que en Colombia estas emociones se vinculan con la historia de conflicto y violencia política.
El voto negativo se posiciona como una tendencia consolidada en el país. “Los colombianos este año y, al igual que hace muchos años, también están votando en contra. Es una tendencia cada vez más consolidada en el paradigma del grupo que menos me gusta”.
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Otra dimensión señalada es el impacto de la polarización sobre la calidad de la convivencia y la solidez del sistema democrático. Según el análisis, el reto para la psicología política no consiste en lograr votantes perfectamente informados, sino en promover la convivencia, la competencia leal y el respeto por las diferencias políticas. “La gente está votando por sesgo negativista o por ser interpartidista”.
El informe de la Universidad de La Sabana advierte sobre el riesgo de que el aumento de actitudes autoritarias y el debilitamiento del respeto por las reglas del juego democrático desemboquen en un retroceso institucional, ya que se refleja en decisiones y discursos que afectan la base del sistema político y en la normalización de la exclusión del adversario.
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El estudio concluye que la prioridad para el escenario político colombiano consiste en fortalecer las reglas mínimas de convivencia cívica, con el objetivo de evitar un deterioro institucional irreversible y preservar el funcionamiento democrático.
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