
El presidente Abelardo de la Espriella, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó el denominado “libro de la verdad”, que reúne más de 130 páginas con 82 denuncias de presunta corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.
Por este motivo, el senador Iván Cepeda cuestionó el documento y lo calificó como una “mentira”. Además, aseguró que las acusaciones sobre la reforma agraria son falsas.
Según Iván Cepeda, el verdadero objetivo de Abelardo de la Espriella es lograr la restitución de tierras para sus allegados y no para los campesinos.

“Con falsas acusaciones sobre el “engaño de la reforma agraria”, se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares (sic)“, indicó Iván Cepeda.
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Iván Cepeda afirmó que Abelardo de la Espriella y “su círculo” buscan impulsar una contrarreforma agraria. Asimismo, los calificó como enemigos de la reforma agraria.
“La verdad es que De la Espriella y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria. La verdad es que son enemigos de la reforma agraria (sic)”, afirmó el excandidato presidencial.
Daniel Quintero, exsuperintendente de Salud y exalcalde de Medellín, aseguró que José Manuel Restrepo comenzó mintiendo. Según Quintero, al revisar el documento encontró que está dividido en dos grupos diferentes, por lo que cuestionó la forma en que se presentaron los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Petro.
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“Empezó mintiendo Vicepresidente. Leí el documento completo (135 páginas). En medios ustedes hablaron de 80 casos como si fueran 80 casos de corrupción. En realidad el libro tiene dos capítulos distintos: 59 casos de “balance sectorial” (supuestos problemas de gestión) y solo 23 casos del “Equipo Élite Anticorrupción” que son propiamente los de presunta corrupción (Essmar, Cenit, Fenoge, Santurbán, UNP, Fontur, FonIgualdad, etc.) (sic)“, afirmó el exalcalde de Medellín.
El exsuperintendente de Salud señaló que gran parte del denominado “libro de la verdad” no corresponde a hechos de corrupción, sino que, según su interpretación, se trata de cuestionamientos a la gestión que ya cuentan con auditoría de la Contraloría y que no fueron detectados durante los empalmes.
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“Sumar ambos da los 82, pero mezclarlos infla la narrativa: Pero aquí también, buena parte no son hechos de corrupción sino cuestionamientos a la gestión, varios apoyados en auditorías de la Contraloría ya existentes, no en hallazgos nuevos del empalme (que no hubo) (sic)”, expresó Daniel Quintero.

En otra publicación, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero indicó lo siguiente: “El libro de la verdad se resume en: (sic)“.
Pronunciamiento de la Fiscalía
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, se pronunció tras recibir más de 80 denuncias de presunta corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, presentadas por el presidente Abelardo de la Espriella.
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Camargo indicó que toda la información recibida será evaluada siguiendo criterios técnicos y jurídicos, respetando los principios de objetividad e independencia establecidos por la Constitución y la ley.
La fiscal general señaló que, bajo su orientación, cada dato que sugiera la comisión de delitos se analizará institucionalmente y pasará por un proceso de revisión técnica y jurídica.
Aclaró que serán los fiscales especializados quienes revisarán los elementos entregados y los confrontarán con las pruebas que correspondan reunir conforme a los procedimientos legales.
Camargo explicó que el análisis permitirá determinar si hay razones suficientes para abrir investigaciones o adoptar medidas, siempre dentro de los parámetros que establece la Constitución. También recordó que la Fiscalía tiene la obligación de actuar de manera objetiva, con rigor probatorio y plena independencia, conforme a la normativa vigente.
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“En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis y, cuando corresponda, para la adopción de las decisiones previstas por la ley”, declaró Camargo. “Su contenido, señor presidente, será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen en nuestras actuaciones”, afirmó.
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