Eliminación de bonificación a congresistas por parte del Gobierno desencadena demandas ante el Consejo de Estado

En medio de la campaña electoral, un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en enero de 2026 eliminó de manera fulminante la prima especial de servicios de los congresistas, con lo cual los legisladores perderán 16 millones de pesos mensuales a partir del 20 de julio.

La norma, que surgió en simultáneo con el mayor aumento del salario mínimo en la historia reciente —23%—, desató una oleada de demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, que ahora enfrenta el reto de decidir si frena su entrada en vigor por reclamos de violar derechos laborales adquiridos.

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La noticia se desarrolla en el momento en el que el Gobierno defendió la medida como parte de la respuesta a la crisis fiscal y la declaratoria de emergencia económica.

Al interior del Consejo de Estado cursan, al menos, cinco demandas interpuestas por sindicatos de trabajadores. Todas solicitan una medida cautelar que impida la vigencia del decreto 0030 del 19 de enero de 2026.

El reclamo unifica a los gremios bajo un concepto: la eliminación de la prima no solo afecta a los 52 millones de pesos mensuales que percibían los parlamentarios, sino que produce una reducción en todas las remuneraciones indexadas a esa base.

Las entidades afectadas incluyen a magistrados, jueces, funcionarios de despacho, procuradores y una parte importante de la estructura de la Rama Judicial. De acuerdo con los sindicatos miles de trabajadores verán deterioradas sus condiciones salariales y prestacionales por la decisión presidencial.

El argumento central es que el decreto vulnera el principio de progresividad y no regresividad del derecho laboral, que establece la imposibilidad de reducir la capacidad adquisitiva de los empleados públicos.

Pedro Alirio Sandoval, procurador judicial integrante del Sindicato Procurar, expresó a El Tiempo: “Bajo el sofisma de reducir el salario de los congresistas se está generando un efecto cascada, un dominó, un efecto espejo que termina por desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de cientos de servidores públicos, entre ellos funcionarios de la rama judicial, jueces y magistrados, de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación. Creemos que las políticas de austeridad no pueden comenzar por la disminución de los salarios de los servidores públicos ni por el debilitamiento de sus condiciones laborales, mucho menos contrariando las garantías del debido proceso”.

Una de las preocupaciones más profundas de los sindicatos reside en el estancamiento y retroceso de la nivelación salarial para jueces de menor jerarquía, como los jueces municipales y los del circuito.

Según Sandoval, “este decreto genera una estocada mortal a esa aspiración de los jueces de menor jerarquía de lograr esa nivelación. En últimas, lo que hace el decreto es que, bajo el sofisma de reducir el salario de los congresistas, termina afectando a cientos de miles de trabajadores del Estado”.

La legislación colombiana prohíbe expresamente la desmejora de salarios, principio que el propio Ejecutivo usó al protestar una suspensión temporal del decreto de aumento al salario mínimo, también expedida por el Consejo de Estado cuando objetó los parámetros técnicos del incremento.

La primera demanda contra el decreto presidencial fue presentada por el Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar. Su tesis se fundamenta en un concepto de la Función Pública de 2018: el salario de los procuradores judiciales se define conforme al de los magistrados de los tribunales, que reciben un sueldo directamente indexado al de los congresistas. La acción solicita suspender provisionalmente la aplicación del decreto, a la espera de un fallo de fondo, como ocurrió anteriormente con la norma sobre el salario mínimo.

La estructura jerárquica de remuneraciones amplifica el impacto de la decisión. Los procuradores judiciales devengan asignaciones mensuales en el rango de los $40 millones. El sindicato argumenta que cualquier alteración en la cúspide —el ingreso de los parlamentarios— repercute necesariamente en todo el sistema salarial.

El debate plantea un dilema jurídico para el propio Consejo de Estado. Según criterios ya establecidos en procesos previos, es probable que sus magistrados deban declararse impedidos para juzgar el caso debido a que sus propios ingresos se ven directamente vinculados a los que pretende reducir el decreto.

El decreto de Petro coincide con otros intentos fallidos en el pasado para reducir el salario de los congresistas. La coyuntura electoral y el contexto fiscal han generado diversas interpretaciones en el espectro político, donde la oposición lo califica de “populista” y de buscar simpatías ante la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida es una herramienta para aliviar el déficit presupuestal, sindicatos y funcionarios afectados advierten que la reducción de salarios en la Rama Judicial amenaza derechos laborales construidos durante décadas.

A la espera de que el Consejo de Estado resuelva las demandas, el futuro de los salarios públicos en Colombia quedó, por ahora, sujeto a la incertidumbre judicial.