Estos serían los conjueces que decidirán si llaman a juicio a los congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Ungrd

La decisión sobre el futuro judicial de seis congresistas vinculados con el desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) quedó aplazada luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dividiera sus votos en partes iguales.

En concreto, los parlamentarios involucrados son Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el exrepresentante Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). De ellos, Manzur y Manrique mantienen abiertas sus campañas para las elecciones del 8 de marzo de 2026.

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En consecuencia, el pronunciamiento de la Corte podría incidir en la composición del Congreso de la República si recibe el respaldo del electorado antes de que se materialice una resolución judicial definitiva.

En este escenario, la determinación sobre si los parlamentarios serán llamados a juicio y detenidos recae en una próxima reunión fijada para el 11 de marzo de 2026.

Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado serian los conjueces designados por el alto tribunal para definir si llaman a juicio o no y si capturan o no a los seis congresistas investigados por el desfalco a la Ungrd, liderada por Carlos Carrillo, según informó Blu Radio.

Las pruebas contra los congresistas que estudió la Corte Suprema

Para avanzar en el caso de corrupción al interior de la Ungrd, fueron determinantes las llamadas y los mensajes de texto extraídos del celular de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de aportar detalles sobre el mecanismo ilegal de cooptación de votos legislativos.

En un expediente de 500 páginas, al que accedió El Tiempo, figuran chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, además de conversaciones con altos funcionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.

Estas comunicaciones permitieron reconstruir dos reuniones clave: un desayuno el 4 de octubre de 2025, donde se habría presentado la propuesta irregular, y otro encuentro el 31 de octubre, en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.

Entre las pruebas decisivas que ahora evalúa la Corte destacan las interceptaciones telefónicas practicadas en el último trimestre de 2024 a distintos investigados. En particular, esas grabaciones mostrarían cómo los congresistas gestionaban recursos estatales para sus regiones a cambio de apoyar en el Congreso de la República los proyectos prioritarios del Gobierno nacional.

El avance y profundidad de la investigación modificaron el rumbo del proceso. En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez ya había presentado una ponencia solicitando la detención preventiva de los cinco congresistas. En esa oportunidad, la medida fue rechazada y ellos continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias en libertad.

El expediente contiene múltiples declaraciones de exfuncionarios de alto rango. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, actualmente en prisión por su vinculación en este entramado, aportó que en un Consejo de Ministros se impartió una directriz para que cada integrante de esa mesa “adoptara” a un congresista, a fin de orientar su voto a favor del Ejecutivo. Ortiz aseguró que la directiva fue pronunciada por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, relató ante el alto tribunal que denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla, también encarcelado por este escándalo, e informó de la situación al presidente Gustavo Petro, que, en palabras de Reyes, “nunca se inmutó”.

Reyes responsabilizó a Andrea Carolina Riveros de instrumentar la mecánica para la desviación de recursos: “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó el ex titular de la cartera.