Cathy Juviano denunció que la idea de Petro de convocar una constituyente es un “embeleco” para romper las instituciones

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al partido Alianza Verde, opinó sobre la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia, idea que surgió desde las bases del Gobierno nacional de Gustavo Petro.

Durante su participación en el Foro Estados de Excepción, organizado por la revista Cambio, la congresista expresó su rechazo a la propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro; a su juicio, este proyecto no solo es innecesario, sino que va en contra de los principios democráticos que deben guiar el país.

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“Los controles democráticos son el precio que se pagan por gobernar. Los límites institucionales son el precio que se pagan por sostener una democracia”, señaló Juvinao, que de inmediato cuestionó la postura del presidente, que insiste en que la oposición del Congreso a algunas de sus iniciativas constituye un “bloqueo institucional”.

Para la congresista, esta interpretación es errónea: “¿De cuándo acá un presidente puede instalar una narrativa de que las decisiones del Congreso y los límites que pone el Congreso son un bloqueo institucional? El Congreso a Gustavo Petro le aprobó 14 reformas y leyes: tributaria, pensional, laboral, el campesinado como sujetos de derechos, entre otras”, agregó la representante en el foro.

No obstante, la legisladora destacó que la aprobación de proyectos como la reforma tributaria, la pensional y la laboral no debe confundirse con un mandato irrestricto del Ejecutivo.

En su opinión, la negativa del Congreso a aprobar algunas reformas, como las relacionadas con la salud y una segunda reforma tributaria, no justifica una medida tan radical como la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

“¿Cómo es posible que, porque el Congreso no le aprobó dos proyectos, el presidente nos quiera meter en el embeleco de la asamblea nacional constituyente? Esa propuesta no tiene como objetivo materializar derechos ni ampliar el alcance de los derechos fundamentales. El único objetivo de esta asamblea que este gobierno está promoviendo es ir contra los límites democráticos, que es lo que a él le molesta”, aseveró Juvinao.

Más allá de su rechazo al proyecto de la constituyente, Juvinao también se mostró crítica de las razones y los principios que sustentan la propuesta. De acuerdo con su visión, el texto presentado por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y que fue promovido como una propuesta de reformas constitucionales, es “una aberración”.

En su opinión, este proyecto va en contra de la independencia del Banco de la República; además, crea un tribunal constitucional “paralelo”, lo que pondría en peligro la estabilidad del sistema democrático y la separación de poderes en el país.

“El Congreso sí ha operado como debe ser: el órgano que le pone frenos al poder Ejecutivo. La figura del presidente en Colombia tiene muchísimo poder. Vayan y miren lo que están haciendo con la regla fiscal”, puntualizó la congresista.

A su juicio, las decisiones del presidente Petro en cuanto a la gestión fiscal y la manera en que se ha manejado la deuda pública reflejan un grave problema de responsabilidad y prudencia económica.

“Nosotros estamos pensando en proponer una reforma a esa ley porque no puede ser que un presidente, solo porque arma presupuestos con las patas, rompe la regla fiscal y en tres años aumenta la deuda en 400 billones de pesos”, criticó la representante a la Cámara.

El proceso legal para la convocatoria de una asamblea constituyente: es un camino largo

El camino legal que ahora se inicia para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente es claro, aunque largo y complicado. Según las disposiciones vigentes, los promotores del proceso tienen un plazo de seis meses para recolectar al menos el 5% de los respaldos del censo electoral nacional, lo que se traduce en más de dos millones de firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solo entonces se podrá formalizar la solicitud y, eventualmente, avanzar con la creación de una nueva carta magna.

Y es que la Registraduría dio luz verde al comité ciudadano encargado de recolectar firmas para convocar la constituyente, lo que permitió el inicio formal de esta fase a finales de enero (misma que firmó el presidente y su gabinete). A pesar de este paso, aún no convoca oficialmente a la constituyente ni se conoce un articulado específico sobre los cambios que se buscan hacer.

Este proyecto provocó una división de opiniones entre las distintas ramas del poder público. Si el comité logra alcanzar el umbral requerido de firmas, el proyecto será presentado al Congreso de la República, que decidirá si es pertinente abrir un debate sobre la convocatoria.

Si el Legislativo lo aprueba, será el pueblo el que decida, mediante un referéndum, si se instala una asamblea.

En este sentido, la congresista del Partido Verde afirmó que será una de las principales opositoras a este proyecto y que no permitirá que avance.