Un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), denominado “El Fondo de Ahorro arrancaría con el pie izquierdo”, alertó sobre las graves consecuencias del nuevo decreto del Gobierno de Gustavo Petro sobre el sistema de pensiones con el que se haría el traslado inmediato de cerca de $25 billones desde las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) a Colpensiones. La decisión, publicada por el Ministerio de Trabajo, debilitaría la acumulación de reservas del sistema pensional y pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal, según el documento.
La entidad que preside José Ignacio López alertó que la exigencia del decreto, que obliga a las AFPs a transferir todos los saldos de aquellos afiliados que se trasladaron del régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media gestionado por Colpensiones, generaría una brecha económica muy importante.
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El centro de análisis estima que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) comenzaría las operaciones en 2026 con $5 billones menos y que esa diferencia aumentaría a $15,2 billones en 2030, lo que incrementaría la presión sobre las finanzas públicas a futuro.
Y es que el decreto ordena que los saldos de los afiliados, indistintamente de si ya consolidaron su derecho a pensión, sean transferidos a Colpensiones en no más de 15 días hábiles. La norma afecta tanto a los que ya cumplieron los requisitos para pensionarse como a quienes no lo hicieron todavía, lo que abarca a millones de trabajadores en Colombia.
Según el análisis, la intención del Gobierno es que los recursos queden bajo el manejo del régimen responsable por el riesgo pensional. Sin embargo, advirtió que “la eliminación de la fase de ahorro previo debilita el Fapc, un mecanismo creado para captar rendimientos y reforzar la solvencia del sistema ante el envejecimiento de la población”.
Riesgos fiscales y efecto en el ahorro pensional
Bajo el esquema original, el Fapc podía retener e invertir los recursos hasta que el afiliado consolidara la pensión, lo que permitiría aumentar el ahorro en los primeros años y generar rendimientos para aliviar las presiones fiscales.
Con la nueva norma, esos recursos ya no se invertirán para el futuro, sino que se usarán en el pago inmediato de pensiones existentes. Esto “generará una reducción temporal en las transferencias estatales para pagos de pensión y facilitará un alivio de caja de corto plazo para el Gobierno”.
“Aunque el decreto puede representar una liberación transitoria de caja para el Gobierno nacional al reducir la presión presupuestal inmediata, lo hace a costa de comprometer la acumulación de reservas del sistema pensional y de trasladar mayores cargas al futuro“, resaltó Anif.
Magnitud de la brecha en los fondos de pensiones
Las estimaciones de Anif muestran que el Fapc comenzaría sus operaciones en 2026 con $5 billones menos respecto al escenario diseñado en la reforma original. Dicha brecha aumentaría con el tiempo, hasta llegar a $15,2 billones en 2030.
“El fondo perdería una fuente crucial de capitalización temprana, debilitando su capacidad de generar rendimientos y de suavizar el impacto del envejecimiento poblacional sobre las finanzas públicas”, agregó.
La menor capacidad de acumular reservas limitaría al sistema para enfrentar los desafíos que presenta el crecimiento de la población mayor.
Consecuencias para la sostenibilidad del sistema
La advertencia de Anif es clara: emplear hoy los recursos que estaban destinados a obligaciones futuras significa que cuando el Fapc se agote, la diferencia deberá ser cubierta por el Estado a través del Presupuesto General de la Nación.
Esto podría derivar en incremento de impuestos, recortes de gasto o un endeudamiento estatal mayor, según el análisis.
Aunque la medida pueda aliviar la situación fiscal en el corto plazo, la Asociación considera que socava las bases del sistema pensional que se pretende construir en Colombia. Así las cosas, la utilización de reservas para atender necesidades actuales dificulta la construcción de un modelo de ahorro sostenible y supone desafíos adicionales para las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
La advertencia de Anif deja en evidencia que el impacto de estas decisiones irá más allá de la coyuntura actual, al condicionar la estabilidad y solidez del sistema pensional colombiano desde sus inicios.
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