SIC investigará a Farmatodo por presunto cobro excesivo en medicamentos y negar derechos a los clientes

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia abrió una investigación administrativa contra Farmatodo por supuestas irregularidades relacionadas con el Estatuto del Consumidor.

En un comunicado, la entidad aseguró que el proceso comprende presuntas inconsistencias entre los precios informados y los que realmente se cobran, así como posibles restricciones indebidas al derecho de retracto.

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Durante la revisión del portal web de la empresa y el análisis de reclamos de usuarios, la SIC detectó que, entre 2024 y 2025, se recibieron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos acerca de dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados.

“La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició investigación administrativa en contra de Farmatodo por posibles infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto”, explicó la entidad en un comunicado.

El pliego de cargos formulado incluye fallas en la calidad del servicio de pago, supuestos cobros múltiples por una misma transacción y posibles cobros de precios superiores a los anunciados en algunos productos.

“Estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad (...) esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público”, señaló la SIC.

También, la entidad halló la presunta exigencia de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto, “lo que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor”.

“Esta investigación administrativa se suma a las múltiples actuaciones adelantadas por esta entidad desde la llegada de la Superintendente Rusinque a su cargo, en el que se ha buscado promover relaciones de consumo transparentes, seguras y acordes con la normativa vigente”, agregó la entidad.

Tras la notificación formal, Farmatodo podrá presentar pruebas y argumentos en su defensa conforme al procedimiento administrativo vigente.

“Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa”, puntualizaron.

Por el momento, la compañía farmacéutica no ha emitido ningun pronunciamiento al respecto.

Detectan presuntas irregularidades en el Icbf e infraestructura en Cundinamarca

Además de la investigación conntra Farmatodo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha intensificado su vigilancia sobre la contratación pública en Colombia al iniciar dos investigaciones administrativas por presuntos acuerdos ilícitos entre oferentes en contratos financiados con recursos estatales.

Estas actuaciones buscan establecer si existieron prácticas restrictivas de la competencia en procesos asociados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a una entidad territorial de La Mesa, Cundinamarca, lo que podría traducirse en mayores costos para el Estado y menor calidad en los servicios destinados a la población vulnerable.

Las investigaciones abiertas se sustentan en alertas identificadas por la SIC sobre la manera en que varias empresas presentaron sus propuestas y en patrones coincidentes de comportamiento durante las licitaciones. Entre las señales que movilizan este tipo de vigilancia se encuentran similitudes atípicas en documentos, rotación reiterada de los ganadores y renuncias estratégicas que favorecen a competidores específicos.

En el caso del Icbf, el enfoque está puesto en los contratos orientados a programas sociales. La autoridad indaga si los oferentes realizaron acuerdos previos para fijar precios o repartirse zonas operativas. La revelación de estos señalamientos adquiere relevancia porque, al tratarse de fondos dirigidos a sectores desfavorecidos, cualquier sobrecosto o manipulación incide directamente en la cobertura y calidad de los beneficios.

Por su parte, la investigación sobre los procedimientos en La Mesa, Cundinamarca, pretende aclarar si hubo prácticas coordinadas para restringir la competencia en licitaciones públicas del municipio. La prioridad, en este frente, es determinar si existieron pactos tácitos que redujeron la pluralidad de propuestas y generaron condiciones menos ventajosas para la administración local.

La SIC recalcó que el inicio del proceso administrativo no implica sanción automática. Las empresas y personas naturales involucradas cuentan con la facultad de ejercer su defensa, aportar pruebas y contradecir los hallazgos preliminares aportados por la entidad. La determinación de una infracción solo se adoptará una vez superadas todas las etapas probatorias previstas legalmente.