Se acerca el final del gobierno del presidente Gustavo Petro, quizá uno de los más polémicos de los últimos tiempo por cuenta de escándalos que involucraron casos de corrupción, nepotismo y exceso de burocracia, según denuncias de la oposición.
Sin embargo, una de las figuras más cercanas al mandatario nacional ha logrado permanecer en el Ejecutivo pese a críticas por presunto favorecimiento a familiares y amigos, así como por irregularidades en la administración de su cartera.
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Los procesos disciplinarios y penales en curso rodean al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien enfrenta acusaciones de nepotismo, posibles omisiones administrativas y cuestionamientos por su participación en la campaña de Gustavo Petro.
Los señalamientos públicos apuntan a contratos y cargos estatales adjudicados a familiares directos, junto con expedientes por la gestión del sistema de salud.
En la actualidad, investigadores disciplinarios y judiciales examinan la conducta de Guillermo Alfonso Jaramillo por supuestas asignaciones públicas otorgadas a su círculo familiar, presuntas deficiencias en la gestión ministerial y eventuales irregularidades vinculadas a la campaña presidencial de 2022. Ningún proceso ha concluido en sanciones o sentencias firmes, pero el escrutinio se mantiene mientras se profundiza la crisis del sistema de salud colombiano.
La polémica por nepotismo cobró fuerza a partir de una alerta pública lanzada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. Según la denuncia, familiares cercanos de Jaramillo habrían accedido a contratos y cargos estatales por más de $3.000 millones desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.
Por ejemplo, Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, se desempeña desde agosto de 2024 como director de ProColombia en el Reino Unido con un ingreso superior a $40 millones mensuales. También su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, con una remuneración acumulada próxima a $500 millones desde que asumió el puesto.
El hijastro del ministro, Sebastián Laverde Gómez, fue contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por cerca de $97 millones. Además, otras personas de su entorno familiar han recibido cargos o contratos en entidades como la Contraloría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante los últimos cuatro años.
Investigaciones disciplinarias en curso contra el ministro Jaramillo
Según una recopilación adelantada por el diario El Tiempo, aparte de las acusaciones familiares, la Procuraduría General mantiene dos juicios disciplinarios y una indagación contra Jaramillo por su gestión al frente de la cartera de Salud.
En diciembre de 2024, el órgano de control llamó al ministro a un juicio disciplinario por presunta responsabilidad en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros.
Según la Procuraduría, la decisión de activar este modelo a partir del primero de mayo de 2024 se habría tomado sin asegurar condiciones suficientes para la prestación eficiente del servicio. Esto pudo haber vulnerado los principios de eficacia y economía en la función pública, según el órgano de control.
El expediente indica además que Jaramillo está señalado por no coordinar debidamente la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora, conductas consideradas graves según las pesquisas oficiales.
En otro proceso disciplinario, el ministro es investigado por presunta omisión en la gestión del desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023, problemática advertida desde 2022 por asociaciones médicas.
La imputación gira en torno a la falta de acciones eficaces para mitigar la crisis, lo que, de acuerdo con la Procuraduría, impactó el derecho fundamental a la salud y la adecuada prestación de servicios.
Paralelamente, se abrió una investigación por presunta conducta irrespetuosa hacia una funcionaria durante una visita del ministro al hospital público de Puerto Gaitán, Meta, en abril de 2025.
En dicho encuentro, habría dirigido palabras inapropiadas a la gerente de la ESE Departamental del Meta, lo que también se indaga en instancias disciplinarias.
Además, la Procuraduría investiga a los agentes interventores de Savia Salud y SOS EPS por falencias administrativas, atención deficiente a usuarios y problemas de sostenibilidad financiera en sus gestiones.
Indagaciones penales por la campaña presidencial
En el ámbito judicial, la Fiscalía General mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
A Jaramillo se le atribuye la omisión de reportes obligatorios de facturación y permitir sobrecostos en la contabilidad durante su gestión como gerente de la campaña al Senado por el Pacto Histórico.
El caso, catalogado bajo el modelo de ‘triangulación de recursos’ para evadir los reportes exigidos por el Consejo Nacional Electoral, es tramitado por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema. Hasta ahora, el ministro no ha sido citado a interrogatorio ni se han determinado actuaciones judiciales en firme en su contra.
Las investigaciones disciplinarias y penales alrededor de Guillermo Alfonso Jaramillo se desarrollan en un escenario de constante presión institucional, donde el sistema de salud enfrenta dificultades estructurales y las demandas ciudadanas por más transparencia cobran fuerza.
Apenas un día atrás, el ministro de Salud recibió una nueva demanda penal por la muerte del pequeño Kevin Acosta, que falleció producto de un trauma craneoencefálico que se complicó por su diagnóstico de hemofilia.
Sin embargo, los padres de Acosta aseguran que la responsabilidad recae sobre el jefe de cartera, pues el pequeño completaba más de dos meses sin recibir su medicamento esencial, al parecer, por retrasos de la Nueva EPS.
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