Tres soldados del Ejército Nacional de Colombia fueron asesinados y uno más resultó herido durante una emboscada atribuida a presuntos integrantes del grupo armado residual Estructura Carolina Ramírez, en la zona rural de la vereda Santo Domingo, en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá.
De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en la vereda Santo Domingo, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Omega adelantaban labores de seguridad para custodiar la instalación de mesas de votación.
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Las acciones ofensivas contra la estructura armada continúan en la región tras lo ocurrido.
De acuerdo con la información difundida, tres militares perdieron la vida y otro resultó herido como consecuencia del atentado. El hecho fue comunicado por el propio Ejército Nacional de Colombia.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla.
En el mismo hecho resultó lesionado el soldado profesional Julián Alejandro Páez García, quien presentó una herida por impacto de bala en el hombro izquierdo y está a la espera de ser evacuado para recibir atención médica especializada.
Según el reporte oficial, durante el enfrentamiento también se registró la pérdida de material de guerra, entre ellos una ametralladora M60 y tres fusiles ACE.
El comandante de la Quinta División del Ejército, general Carlos Ernesto Marmolejo, dirige las operaciones en el área.
Más de 3.000 militares desplegados para las elecciones en Meta, Caquetá y Guaviare
La escalada de violencia se produce en la antesala de los comicios legislativos, una coyuntura ante la cual la Fuerza de Tarea Omega anunció el despliegue de más de 3.000 soldados en el marco del Plan Democracia 2026. Estos efectivos formarán un tercer anillo de seguridad en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.
El brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, expuso en diálogo con La FM que el objetivo de esta presencia militar reforzada es “brindar las condiciones de tranquilidad, transparencia y libre ejercicio del voto en las elecciones al Congreso de la República”.
La coordinación de este operativo involucra a la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, autoridades civiles y organismos de control.
La Defensoría del Pueblo ya había alertado de la situación en Caquetá
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta frente al aumento de la violencia armada en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, donde la población civil permanece bajo riesgo por los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, sin que hasta ahora las advertencias hayan recibido una respuesta efectiva por parte del Ministerio del Interior ni se observe una mejora en la situación, según informó el medio El Espectador este 6 de febrero.
El organismo, dirigido por Iris Marín Ortiz, identificó una agudización de los combates en las veredas Linderos y La Libertad, dentro de la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, epicentro de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias “Calarcá Córdoba”, y el grupo conocido como Segunda Marquetalia.
Desde el 26 de diciembre de 2025, la Defensoría ha recibido y verificado reportes sobre enfrentamientos armados entre estos dos sectores insurgentes.
Cerca de 21.000 personas afectadas por desplazamientos y confinamientos en enero de 2026
La Defensoría del Pueblo cifró en 21.060 los afectados por desplazamientos y confinamientos solo en el primer mes de 2026, como consecuencia directa del deterioro de las condiciones de seguridad y la persistencia del conflicto.
En ese mismo periodo, se documentaron doce eventos de desplazamiento forzado masivo que impactaron a 3.409 personas.
Según el comunicado oficial, la entidad ha puesto la situación en conocimiento del Ministerio del Interior, a cargo de Armando Benedetti, por lo menos en tres ocasiones, utilizando comunicaciones formales que advierten “la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección”.
La Defensoría subrayó que su advertencia más reciente fue remitida en las últimas horas, aunque “a la fecha no se evidencian respuestas con impacto efectivo en el territorio”.
Dentro de los riesgos señalados, el organismo incluyó amenazas directas a la vida e integridad de los habitantes, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar, homicidios selectivos y la persistencia de casos de desplazamiento forzado.
Asimismo, alertó por los peligros de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, así como amenazas y atentados selectivos.
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