
La posible reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona representa un alivio urgente para la economía turística de Santa Marta y el Caribe colombiano, profundamente afectada tras semanas de cierre debido a daños ocasionados por fenómenos climáticos y preocupaciones de seguridad.
Autoridades nacionales y locales han avanzado en evaluaciones técnicas detalladas que permitirían, desde el 5 de marzo, la entrada gradual de visitantes, bajo estrictas condiciones de seguridad para proteger tanto a los turistas como a los ecosistemas del parque.
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En las etapas finales del proceso, se determinó que playas como playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo presentan condiciones óptimas, sin afectaciones recientes que limiten su operación.
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Darío Linero Mejía, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Santa Marta, explicó a El Tiempo: “El concepto técnico indica que no existen condiciones que impidan el embarque y desembarque de visitantes. Las playas evaluadas están aptas para la prestación del servicio”.

En consecuencia, no solo se espera la reactivación inmediata del turismo marítimo, sino el restablecimiento escalonado de los accesos terrestres, como Bahía Concha, Neguanje y El Zaino.
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Los recorridos de inspección, realizados playa por playa por una comisión interinstitucional encabezada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, incluyeron el análisis de daños estructurales, el estudio geomorfológico de la línea costera, la verificación de senderos peatonales y una revisión minuciosa de amenazas derivadas de la remoción en masa o acumulaciones anómalas de agua.
La economía local sintió con fuerza el impacto de la paralización de las actividades en el Tayrona. Guías turísticos, transportadores terrestres y marítimos, restaurantes, hostales y vendedores experimentaron una reducción total de sus ingresos, mientras crecían los reclamos y protestas públicas para acelerar la reapertura.
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Carlos Hernández, guía ecoturístico del sector de Bahía Concha, lo expresó así ante El Tiempo “Nosotros dependemos totalmente del parque. Cada día cerrado significa cero ingresos para muchas familias. Saber que ya podría abrir nos devuelve la esperanza”.
La respuesta oficial frente a la presión económica fue priorizar la rigurosidad técnica sobre cualquier consideración comercial. Una fuente técnica, citada por El Tiempo, remarcó: “La prioridad siempre ha sido proteger la vida, la seguridad y la conservación del ecosistema”.
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La reapertura del Tayrona reactivará actividades esenciales como transporte marítimo, guianza ambiental, hospedaje y gastronomía, beneficiando a trabajadores que dependen directamente del turismo. José Miguel Orozco, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto (Asoplam), dijo al medio citado: “El sitio está en óptimas condiciones y esto significa volver a trabajar. Han sido días difíciles, pero la reapertura nos ayuda a recuperar la economía”.
En paralelo al proceso técnico, la administración del parque sigue siendo objeto de debate. Las comunidades indígenas insisten ante el Gobierno nacional en avanzar hacia un modelo de coadministración, en correspondencia con compromisos expresados por el presidente Gustavo Petro desde el 29 de julio en Santa Marta. Las conversaciones entre las partes buscan conjugar la protección ambiental, el respeto a la participación ancestral y la sostenibilidad económica de la zona.
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Si las inspecciones continúan arrojando resultados positivos y la formalización administrativa se concreta en los próximos días, el Tayrona abrirá sus puertas esta semana, poniendo fin a un periodo de incertidumbre que impactó a una de las reservas naturales más relevantes de Colombia y devolviendo el pulso al turismo regional.
Cierre del Parque Tayrona responde al aumento de la violencia armada

La situación de seguridad en el norte de Colombia llevó al cierre indefinido del Parque Tayrona, un destino turístico clave que abarca 15.000 hectáreas y recibe cerca de 600.000 visitantes anuales.
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Esta decisión surge por el avance de grupos armados ilegales, lo que afecta tanto la protección de los visitantes y comunidades locales como la economía turística de la región. Estos grupos intensificaron actos de intimidación y cobros ilegales, impidiendo la garantía de seguridad en la zona, especialmente en vísperas de Semana Santa y del periodo electoral.
La crisis se desarrolla en una disputa armada entre el clan del Golfo, con casi 10.000 integrantes, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que poseen control histórico en la zona y suman poco más de 600 miembros.
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Desde 2020, el conflicto se agravó por la lucha por corredores estratégicos, y en 2023 el gobierno reclasificó a las Acsn como Grupo Armado Organizado, permitiendo acciones militares directas. Paralelamente, el Estado avanzó en diálogos con el Clan del Golfo.
La violencia afecta de manera directa a indígenas, campesinos, afrodescendientes, pescadores y líderes sociales. La fragmentación del control territorial aumentó el riesgo para la población civil.
Además, existen tensiones entre las comunidades locales y la administración del parque, con reclamos de coadministración por parte de pueblos indígenas.
La Fundación Ideas para la Paz detectó un crecimiento del 23,6% en los grupos armados ilegales entre 2024 y 2025, con un aumento de enfrentamientos y ataques a la Fuerza Pública. La Defensoría del Pueblo identificó una “intensa y creciente disputa” en 21 municipios, donde las prácticas ilegales buscan sembrar temor.
El cierre del Tayrona se produjo tras el anuncio de la reanudación de diálogos entre el Gobierno y el clan del Golfo en Qatar, en medio de una crisis de violencia y fragmentación política que afecta gravemente la principal reserva natural de la costa Caribe colombiana.
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